Lezama abre un edificio en el que la Fiscalía ve prevaricación

El Ayuntamiento vizcaíno de Lezama, gobernado con mayoría absoluta por el PNV, inauguró ayer un edificio por el que 12 concejales (11 peneuvistas y otro de EA, entre ellos la actual alcaldesa y el anterior primer edil) están imputados en un delito de prevaricación por la Fiscalía. El caso está en un juzgado de Bilbao, ya que el consistorio impulsó el proyecto sin el visado del Colegio de Arquitectos, al exceder la edificabilidad permitida, y con el informe desfavorable de la secretaria del Ayuntamiento. El gobierno municipal aduce que la irregularidad sólo "es una cuestión de tiempos", ya que la normativa urbanística se ha cambiado una vez aprobado el proyecto del edificio, un centro cívico para las asociaciones locales que incluye un albergue para peregrinos.

El consistorio aduce que la legalidad se cumple con la nueva normativa

El caso, que incluye otro proyecto urbanístico aún no ejecutado, se remonta a la anterior legislatura, cuando el pleno municipal (entonces conformado sólo por PNV y EA) aprobó en marzo de 2007 el proyecto de ejecución de una Casa de Cultura con un informe contrario del Colegio de Arquitectos por no respetar las normas urbanísticas. Cuatro meses después, en julio de 2007, con la nueva corporación formada (ocho ediles del PNV, uno de EB y otro del PSE), se aprobó el proyecto de centro cívico inaugurado ayer, con los votos favorables de los ediles peneuvistas. También en este caso sin el visado del Colegio de Arquitectos, debido a que superaba la edificabilidad permitida en esa zona, fijada en 200 metros cuadrados. En ambos, la secretaria municipal advirtió de la ilegalidad.

Estas actuaciones fueron denunciadas por vecinos de Lezama ante la Fiscalía, que a finales de diciembre interpuso una denuncia ante un juzgado de Bilbao por un presunto delito de prevariación (adoptar una resolución ilegal a sabiendas).

Pese al procedimiento judicial, el consistorio ha continuado con uno de los proyectos, el centro cívico, que fue abierto ayer. La teniente alcalde de Lezama, Amaia Arteaga, explicó que el edificio "sólo supera en 40 metros cuadrados" la superficie máxima edificable, que la normativa fijaba en 200 metros cuadrados. "Pero es una cuestión de tiempos, porque la nueva normativa urbanística ya lo permite".

Sobre los informes desfavorables de la secretaria municipal, adujo que era una advertencia de que "no se cumplía con la normativa de entonces, pero que estábamos revisando". "Lo que hemos querido es que no se retrasase la apertura de este equipamiento, que es para todo el pueblo".

La teniente de alcalde afirmó ayer que no han "recibido nada" sobre la investigación judicial, aunque el pleno municipal acordó, el pasado 16 de febrero, personarse en las diligencias abiertas por el Juzgado de Instrucción número 8 de Bilbao y contratar un abogado para que defiendan a los ediles imputados, un total de 12 de la actual corporación y la anterior, entre ellos la alcaldesa Alaitz Etxeandi y el anterior primer edil, Luis Ramon Álvarez.

Ésta es la segunda causa judicial en la que se ve inmerso en el último año el Ayuntamiento de Lezama. La Fiscalía debe decidir también sobre el campo de tiro que ha estado funcionando 22 años sin licencia de apertura ni de actividad y, además, se ubica en un suelo de protección especial. La instalación fue clausurada en diciembre por el consistorio, un mes después de que este diario revelara el caso. La fiscal de Medio Ambiente pidió un informe a la UPV sobre la posible contaminación del suelo.