Ambulatorios privados bajo sospecha

Se lo encontraron de repente. Hace año y medio los trabajadores del centro de especialidades de Argüelles (Quintana, 11) se enteraron de que la empresa Capio (gestora del hospital privado Fundación Jiménez Díaz) iba a quedarse con el edificio en el que algunos llevaban más de 20 años trabajando. Médicos y otro personal de Capio ocuparían sus consultas. Se concentraron, lo empapelaron con carteles, protestaron. No sirvió de nada. El 1 de enero el centro dejó de estar gestionado directamente por el Servicio Madrileño de Salud.

Muchos trabajadores se fueron. "No me dejaron quedarme", se lamenta un médico, que ahora pasa consulta en el Puerta de Hierro. Hace cinco años pidió el cambio a Quintana porque quería tener el trabajo cerca de casa. Ahora es asiduo del 653 y el 655, los autobuses que llevan -con frecuencia discutible- al polígono de Majadahonda donde se ha construido el nuevo hospital. Siempre le toca ir de pie.

Con el centro de Pontones (Ronda de Segovia, 52) pasó algo parecido. Los trabajadores pitaron, silbaron y gritaron, pero en abril del año pasado los médicos de Capio empezaron a pasar consulta. Era la primera vez que se cedía la gestión de un centro de especialidades a una empresa privada. ¿Puede hacer algo así la Comunidad con dos edificios que son de la Tesorería General de la Seguridad Social?, se preguntaron sindicatos, oposición y asociaciones. Sus quejas empiezan a dar frutos. El Defensor del Pueblo ha iniciado una investigación, todavía en trámite, sobre la entrega de Quintana y Pontones a Capio

En opinión de la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Madrid (ADSPM), la Comunidad "se ha extralimitado en sus competencias". Una cosa es que haga uso de los inmuebles que le transfirió el Insalud cuando, en 2002, le traspasó las competencias sanitarias. Y otra, que ahora se los ceda a un tercero que, además, es "una empresa privada con ánimo de lucro", explica su presidente, Marciano Sánchez-Bayle. Por eso la asociación se dirigió al Ministerio de Sanidad, al Defensor del Pueblo y a la Tesorería de la Seguridad Social. Su argumento: que si la Comunidad no accede a que Capio deje de usar los edificios, debería aplicarse el Real Decreto 1479/2001 por el cual "los bienes inmuebles del patrimonio de la Seguridad Social" revertirán al Estado "en el caso de no uso o cambio de destino para el que se adscriben".

No parece que ninguna de estas instancias vaya a decidir algo pronto. En parte, por las trabas que está poniendo la Consejería de Sanidad. Enviar un documento le está costando casi un año. La Seguridad Social, que también está investigando la cesión, ha tenido que "reiterar" su petición de información sobre el convenio que Sanidad ha suscrito con la Fundación Jiménez Díaz para que ocupe los edificios de Quintana y Pontones. La primera vez que lo pidió fue en mayo del año pasado, cuando recibió la primera queja de los sindicatos. Para pronunciarse, dice en la respuesta enviada a la ADSPM, "será necesario conocer el concierto que la Comunidad de Madrid haya podido firmar así como su alcance" para poder determinar "si la ocupación de tales locales y el desarrollo de la actividad se adecua al marco normativo".

La consejería asegura que ya contestó a la Tesorería el año pasado y que "no hay convenio porque la cesión no existe", según una portavoz. "No se puede hablar de cesión, porque lo único que ha pasado es que los médicos de la Fundación se han desplazado allí para atender a pacientes en consultas externas, que son además los mismos que ya atendía en hospitalización", añade. Sanidad, según esta portavoz, no está haciendo nada incorrecto y además recibe "contrapartidas económicas" por ceder espacios a Capio, es decir, que reduce el dinero que le paga por tratar a la población que tiene asignada, "porque ellos no tienen gastos estructurales". La mayoría de los pacientes no han tenido que cambiar de centro. Siguen yendo a Pontones y Quintana, con la diferencia de que ahora les atienden médicos de la Fundación y no del 12 de Octubre o Puerta de Hierro, como sucedía antes.

El Defensor del Pueblo tampoco puede avanzar, ya que también asegura necesitar ese convenio. Aun así, en su respuesta a la ADSPM deja constancia de su "inquietud en torno a determinadas iniciativas en materia de organización y gestión de centros y servicios sanitarios". Una "preocupación" que, dice, "ha quedado reflejada de manera patente en diversos informes anuales (...) así como en el curso de actuaciones ante la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid".

El Defensor recibió una queja conjunta de 73 profesionales del centro de especialidades de Pontones. También Izquierda Unida le pidió que promoviera un recurso de inconstitucionalidad sobre "la posible incompatibilidad entre la generalización de la figura de la concesión a empresas privadas de hospitales y centros de salud en la Comunidad de Madrid y la obligación de mantener la sanidad como servicio público". "No es posible técnicamente", responde el Defensor, aunque añade que "esta Institución seguirá profundizando en la búsqueda de posibles vías de actuación en orden a intentar dar respuesta a la creciente preocupación de los ciudadanos (...) acerca del posible deterioro de la sanidad pública, como consecuencia de la proliferación de nuevas formas de gestión de corte privado o empresarial".

Mientras tiempo, y al mismo tiempo que retrasa el envío de información, la Consejería de Sanidad sigue adelante con las cesiones de uso de patrimonio de la Seguridad Social a empresas privadas. La constructora que consiga hacerse con el futuro hospital de Torrejón, recién licitado (costará 102 millones, tendrá 250 camas y la concesión durará 30 años) y que será privado también en la parte sanitaria, se llevará un extra. El trato incluye la gestión del centro de especialidades de la localidad. Ya será el tercero.