Garoña aplaza parte de las obras pedidas para prorrogar su licencia

La central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos) ha pedido al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) aplazar el cumplimiento de dos de los 10 puntos que el consejo fijó para prorrogarle la licencia, que caduca el próximo 5 de julio. La planta, considerada en el sector como ejemplo de buenas prácticas, vio imposible cumplir durante la parada de recarga que acaba de terminar la renovación del cableado eléctrico y la mejora de la ventilación de emergencia en el edificio de contención, y ha propuesto realizarlos en las paradas de recarga de 2011 y 2013, según confirmó un portavoz de la planta, propiedad de Endesa e Iberdrola. La instalación cumplirá 40 años en 2011.

Garoña está en el epicentro del debate nuclear. Lo sabe la central, que la medianoche del jueves sufrió una parada no programada, y lo saben los ecologistas, como Greenpeace, que aprovecharon para pedir al Gobierno que no prorrogue su licencia. El secretario federal de Medio Ambiente del PSOE, Hugo Morán, se alineó con los críticos: "Hay capacidad suficiente para sustituir Garoña".

Tercer incidente en un mes "sin riesgo para la seguridad ni el medio ambiente"

"Nuestro proyecto pasa por operar a largo plazo", dicen en la central

Garoña sufrió un problema que, según el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), no supuso riesgo para los trabajadores ni el medio ambiente. Un relé en la turbina en la que se genera electricidad "emitió una falsa señal que activó los sistemas de protección", según el comunicado del CSN. El suceso fue calificado como nivel 0 en una escala que va del 1 al 7, ya que ese relé no está en una zona nuclear. Fue por tanto un incidente leve. Pero se han registrado tres en un mes y siete desde que comenzó el año, lo que unido a la proximidad del fin de su licencia generó un alud de reacciones. Entre ellas, la de Greenpeace contra la actividad de la planta. La Junta de Castilla y León, del PP, sin embargo, anunció que defenderá su continuidad si la propuesta que el CSN debe remitir al Ministerio de Industria a principios de junio garantiza la seguridad de la misma.

Ese informe sólo es vinculante si es negativo. Si el pleno del CSN (compuesto por dos vocales propuestos por el PSOE, dos por el PP y uno por CiU) opina que la central puede funcionar 10 años más, ese dictamen no obliga y el Gobierno podría cerrarla. La vicepresidenta del Gobierno María Teresa Fernández de la Vega evitó pronunciarse y señaló que el Ejecutivo decidirá "una vez oídos los informes preceptivos".

La central es consciente de que está en el ojo del huracán y sólo así se explica el revuelo. Después del cierre de Zorita, clausurada en 2006, Garoña es lo único, junto al paralizado almacén radiactivo, tangible del debate nuclear en España.

"Nuestra hipótesis de trabajo y proyecto empresarial pasa por operar a largo plazo", señala un portavoz, que admite que la planta "no baja los brazos". La central ha invertido 169,7 millones desde 1999 para hacer frente a la renovación. La industria nuclear se juega mucho en Garoña y está dispuesta a invertir grandes cantidades para marcar un hito al prorrogar su vida.

Hace tres años, el CSN le mandó 10 puntos para alargar la vida, como implantar programas de gestión del envejecimiento o nuevos sistemas de ventilación, con el objetivo de que la planta cumpla con los niveles de exigencia aprobados después de su puesta en marcha y los que se aplicarían a nuevas plantas en EE UU.

La central ya ha implantado la mayoría, pero hay dos que no ha podido completar. Uno de los requisitos implicaba "cambiar decenas y decenas de kilómetros de cables", algo muy complejo físicamente, y la central ha pedido realizarlo durante la parada de recarga de 2013 (cada dos años tiene que parar a cambiar el uranio). El otro punto, que ha solicitado aplicar en 2011, es un cambio en el sistema de ventilación del edificio de contención, el que encierra al reactor nuclear.

El pleno del CSN recibirá a primeros de mayo los informes técnicos y tomará una decisión a principios de junio. La agencia de EE UU encargada de la vigilancia nuclear (NRC, en sus siglas en inglés) ha prolongado hasta 60 años (10 más de los que ha pedido funcionar Garoña) a centrales similares. La última, la de Oyster Creek (Nueva Jersey), que se conectó a la red en 1969, dos años ante que Garoña. Sin embargo, la central afronta una decisión política que no controla. El presidente, José Luis Rodríguez Zapatero, anunció en el debate sobre el estado de la nación en 2005 un "calendario de cierre" nuclear. Luego creó una mesa de diálogo sobre el futuro nuclear que no acordó ningún plan de cierre. La pasada legislatura, De la Vega llegó a anunciar el "próximo cierre" de Garoña. La intención del Ejecutivo era acelerar la construcción del almacén de residuos radiactivos a cambio del cierre de la central. Pero el atasco con el almacén nuclear y la entrada en el Ejecutivo de pesos pesados pro nucleares como Miguel Sebastián dejó en el aire ese plan. Desde entonces, Zapatero mantiene que no abrirá nuevas centrales y que cerrará las existentes cuando cumplan su "vida útil, salvo necesidades energéticas imperiosas".

El secretario federal de Medio Ambiente del PSOE, Hugo Morán, se inclina por cerrarla. "La nuclear es una energía de transición, no de futuro. Hay capacidad suficiente para cerrar Garoña. El sistema eléctrico español está en condiciones de suplirla sin poner el riesgo el suministro".

Al ser la planta más antigua del parque, Garoña es también la más pequeña (466 megavatios por unos 1.000 el resto). La central produce un 2,5% de la electricidad que consume España, según el Foro Nuclear. Pero con la caída de la demanda por la crisis (bajó un 10,2% en marzo respecto al mismo mes del año anterior) el riesgo de apagón parece conjurado, al menos a medio plazo.

No lo ven así en la zona, ya que es la séptima empresa de la provincia de Burgos por volumen de facturación y más de 600 familias viven de la nuclear.