Industria atenúa la liberalización de las aperturas comerciales

Industria ha cedido en parte a la presión de algunas comunidades autónomas como Cataluña, Baleares y Valencia y a las exigencias del pequeño comercio, a la hora de autorizar la apertura de supermercados e hipermercados. El último borrador de la Ley de Comercio que el Consejo de Ministros estudia hoy da pleno poder a los Gobiernos autónomos a la hora de autorizar nuevos comercios. No obstante, el texto que traspone la Directiva de Servicios de la UE a la realidad española, fija unos requisitos muy concretos para que no puedan bloquear nuevas aperturas con el argumento de razones de "interés comercial" que en la ley de 1996, ahora retocada, era un factor "arbitrario en manos de las autonomías", según el sector.

Los cambios en la ley se alejan de las tesis más flexibles de Competencia

Ésta era la mayor denuncia de las patronales de grandes superficies y de los supermercados, que se han visto decepcionados con el último texto porque en el anterior borrador se eliminaba la licencia autonómica para los menores de 2.500 metros cuadrados. El texto que Industria ha negociado con Economía y las autonomías elimina la distinción entre establecimientos menores de 2.500 metros cuadrados de superficie comercial (supermercado) y los de más de 2.500 metros cuadrados (hipermercados).

El último borrador ha dado un giro en este sentido, porque había autonomías que exigían tener potestad para establecimientos de hasta 400 metros con una amplia casuística, lo que complicaba la operativa y la redacción final de un texto uniforme.

La nueva norma se aleja de las tesis de la Comisión Nacional de la Competencia que abogaba por la eliminación de la licencia autonómica. El último borrador dice que, con carácter general, la instalación de nuevos centros comerciales no estará sujeta a régimen de autorización.. Sin embargo, a continuación establece que las nuevas aperturas "podrán quedar sometidas a una autorización que se concederá por tiempo indefinido cuando de manera clara concurran razones imperiosas de interés general".

Esta redacción abre la puerta a que los Gobiernos autónomos tengan un gran peso en la decisión de las nuevas aperturas, aunque los responsables del texto en Industria creen que se rebaja el poder de decisión y arbitrariedad de las autonomías, que antes se basaba en el "interés comercial", que era más ambiguo. Según el nuevo texto, "en ningún caso constituyen razones imperiosas de interés general las razones de índole económica".

El texto afirma que "los requisitos que se establezcan para la autorización atenderán conjuntamente a criterios basados en razones imperiosas de interés general, como medioambiente, entorno urbano y conservación del patrimonio histórico". Por otra parte, ayer la UE condenó a España por no aplicar la norma que prohíbe prácticas comerciales desleales.