Deterioro del mercado laboral

Salgado asegura que tiene margen para más medidas contra la crisis

La vicepresidenta se desmarca de la resistencia de Solbes a elevar el déficit - No habrá descuento a los pensionistas aunque el IPC sea inferior al 2%

Se trataba de presentar las medidas contra la morosidad de los ayuntamientos, pero la vicepresidenta y ministra de Economía, Elena Salgado, entró a todos los trapos en su primera comparecencia ante la prensa tras su nombramiento. Marcó territorio frente a su antecesor Pedro Solbes, al asegurar que el Gobierno tiene margen para nuevas medidas contra la crisis. Se distanció también del Banco de España al garantizar que los pensionistas no sufrirán merma alguna aunque la inflación se sitúe por debajo del 2% en noviembre. Y se situó un paso por delante: "Empezamos ya a diseñar el escenario de la salida de la crisis", aseguró.

Salgado quiere marcar un mayor ritmo en la lucha contra la crisis, como aseguró el presidente Zapatero para justificar su nombramiento. Lo demostró ayer cuando presentó la medida que permitirá a los ayuntamientos endeudarse para pagar sus facturas y a las empresas solicitar préstamos con aval del ICO para sobrevivir a la morosidad municipal. La medida ya fue anunciada en febrero pasado por Hacienda -como recordó Salgado para rebatir la denuncia del PP de que le habían robado la idea- pero hasta ahora no se ha puesto en marcha.

Los ayuntamientos podrán endeudarse por 11.000 millones a seis años de plazo
La vicepresidenta trabaja en el plan de ayuda al sector financiero

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El Consejo de Ministros aprobará mañana un real decreto ley con estas medidas, que tendrá que ser convalidado después por el Parlamento, y que suponen un esfuerzo total de 14.000 millones de euros. Por una parte, los ayuntamientos podrán endeudarse por un total de 11.000 millones de euros, para financiar su déficit de tesorería a 31 de diciembre de 2008. Esta posibilidad les estaba vedada hasta ahora.

Se beneficiarán unos 1.000 ayuntamientos, de los 8.000 que hay en España, que tendrán tres meses de plazo para acogerse desde la entrada en vigor del decreto ley, previsiblemente la próxima semana. El plazo de amortización de los préstamos será de seis años, con uno o dos de carencia. A cambio, tendrán que presentar un plan de saneamiento de sus cuentas ante el Ministerio de Hacienda.

La otra pata del decreto consiste en habilitar una línea de avales del Instituto de Crédito Oficial (ICO) por 3.000 millones de euros. Podrán acogerse pequeñas y medianas empresas que tengan cobros pendientes de los ayuntamientos con un límite de 300.000 euros por aval y con un tipo de descuento del 5%. Los bancos que faciliten los créditos a estas empresas tendrán garantizado el cobro ya que, si el ayuntamiento finalmente no paga, el Estado ejecutará el aval mediante la retención de la participación en los ingresos del Estado que corresponda a la Corporación municipal.

La ministra Salgado viene avalada por su capacidad de gestión y se estrena en un territorio que conoce, el de los ayuntamientos. Pero mostró también seguridad en otros que le son relativamente nuevos. No vaciló en asegurar que "hay margen fiscal, no puede no haberlo" en la lucha contra la crisis, a pesar de que las cuentas públicas se encaminan a un déficit del 8% del PIB este año. Por ello deben ser "medidas selectivas, que contribuyan a un nuevo modelo de crecimiento", aseguró la vicepresidenta. "Tenemos que ser muy cuidadosos", remachó.

Aunque Salgado dice que ya trabaja con el escenario de la recuperación económica y que ése es el cambio de ritmo a que se refería Zapatero, admitió por omisión que las previsiones del Gobierno para este año están desfasadas. Frente a una caída del PIB del 1,6% que le dejó su predecesor Solbes estimada para 2009, el FMI y el Banco de España esperan un 3% de descenso. Habrá pues una revisión a la baja en su momento, seguramente a mediados de año, cuando el Gobierno establezca el techo de gasto público para 2010.

Intentó tranquilizar a los pensionistas frente a los avisos y recomendaciones de reforma que estos días ha lanzado el Banco de España. "Los pensionistas deben tener la seguridad de que van a seguir cobrando", aseguró respecto de la posibilidad de que la Seguridad Social entre en déficit. Además "no se les va a descontar nada en el caso de que los precios sean más bajos". El Banco de España ha propuesto que si la inflación en noviembre (mes que se toma como referencia para la revalorización de las pensiones) es inferior a la prevista (2%) los pensionistas sufran la merma correspondiente. Si algo puede ocurrir, advirtió Salgado, "es que suban las pensiones mínimas".

Hoja de ruta financiera

Para el sector financiero (bancos y cajas) hereda una "hoja de ruta" que seguramente pondrá en marcha de inmediato. Primero, la solución privada, después, el fondo de garantía de depósitos, y si todo esto no es suficiente, el fondo de reestructuración de entidades. En este sistema no habrá que reunir al Consejo de Ministros cuando haya que intervenir una entidad, como ocurrió en el caso de Caja Castilla-La Mancha hace un mes.

El Gobierno negocia con el PP un plan para entidades que puedan tener problemas, aunque el principal partido de la oposición lamenta que el Gobierno se limite a incluir la creación de un fondo, sin medidas complementarias. Ayer, todos los partidos, salvo UPyD, respaldaron la convalidación del decreto sobre la intervención de CCM, pero todos incluyeron críticas a la gestión del Gobierno.

Cristóbal Montoro, portavoz del PP, exigió un plan preventivo, pidió responsabilidades a los directivos de la caja y lanzó desde la tribuna esta negra previsión: "El caso de Caja Castilla-La Mancha es el primero y van a venir más, no sabemos cuántos, pero es seguro que vendrán".

La mayoría de los grupos rechazó la reforma de la ley de cajas. Esa falta de respaldo parlamentario ha hecho desistir al Gobierno de su idea inicial de reformar la ley.

* Este artículo apareció en la edición impresa del jueves, 23 de abril de 2009.

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