Sindicatos y ecologistas ven un retroceso en el decreto de los transgénicos
Una veintena de asociaciones agrarias, ecologistas y de consumo considera un retroceso el decreto del Gobierno que limita los cultivos transgénicos en Euskadi y piden que la prohibición se extienda a los fines industriales. El Ejecutivo, en cambio, defiende la normativa aprobada el martes pasado, porque considera que "prohíbe de facto" los transgénicos para consumo humano y animal, al imponer grandes limitaciones. Con ello, evita que sea recurrida por la Comisión Europea y el Gobierno central. Euskadi ha sido la primera comunidad autónoma en imponer la limitación.
Estos alimentos modificados genéticamente surgieron para reducir los costes de producción (por su resistencia a plagas y enfermedades) o incrementar su calidad. La UE autorizó en 1998 el cultivo, importación y consumo de maíz (único transgénico cuya siembra se permite en la UE), pero los países se han ido acogiendo a una salvaguarda de la directiva para, en base a estudios científicos, restringirlos o prohibirlos provisionalmente. Así hasta ocho países (Alemania, Austria, Grecia, Francia, Hungría, Luxemburgo, Italia y Polonia) no permiten su cultivo. España es el más permisivo y lidera la producción en el continente, con un 75% del total.
El Gobierno vasco aprobó en febrero de 2007 una declaración de Euskadi como "zona libre" de transgénicos destinados a la alimentación humana o animal, sin incluir a los que tienen fines industriales. El acuerdo político ha tenido esta semana un refrendo legal con el decreto aprobado, en el que se imponen gran cantidad de limitaciones (más de siete consultas previas e incluso un aval bancario ante posibles contaminaciones) para realizar un cultivo transgénico.
Contaminación
La veintena de grupos agrarios, ecologistas y de consumo sostienen que la prohibición tiene que ser total. "La contaminación transgénica ocurre indepedientemente del empleo final de un cultivo. O tenemos o no los tenemos, pero no hay camino medio", explicó ayer el sindicato agrario EHNE. Su portavoz Ainhoa Iturbe, quien criticó la aprobación del decreto "en el penúltimo Consejo de Gobierno", señaló que se ha comprobado "en la práctica" que esa coexistencia "no es posible". Por ello pedirán al nuevo Gobierno del PSE que derogue el decreto para la prohibición total.
El director de Innovación de Agricultura, Martin Askasibar, aduce que la "prohibición total" se toparía con un inmediato recurso del Gobierno central o la UE. Sobre la no inclusión de los fines industriales, señala que en estos casos los cultivos son en "lugares confinados" y se pretende "no cerrar puertas" para futuros fines terapéuticos.
