Pensiones en conflicto

El enfrentamiento del gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, con el Gobierno, en especial con el ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, a cuenta de la viabilidad del sistema de pensiones, ofrece motivo de reflexión en cuestiones tan variadas como la oportunidad política de las declaraciones del gobernador, la resistencia de los Gobiernos a admitir que, por extraño que les parezca, los reguladores independientes pueden e incluso deben emitir opiniones independientes y, por supuesto, sobre el núcleo de la cuestión, que es determinar si Fernández Ordóñez tiene razón en lo accesorio -si la recesión liquidará el superávit de la Seguridad Social- y en lo fundamental, es decir, si hay que actuar ahora para garantizar el sistema de pensiones públicas en el futuro. Todas estas cuestiones están entremezcladas, como suele suceder en los endemoniados debates públicos en España, y el ruido resultante confunde al ciudadano.

Sobre la oportunidad de las palabras del gobernador, al asegurar en el Congreso que el superávit de la Seguridad Social podría desaparecer, el argumento más contundente es que su opinión fue reclamada por los diputados. Así que los aspavientos del ministro de Trabajo exigiéndole que no haga diagnósticos ni proponga recetas son superfluos; sobre todo cuando el Banco de España reconoce que la última decisión es política. Para medir esta inconsistencia basta con imaginar lo que hubiera dicho el Gobierno en el caso de que Fernández Ordóñez hubiera anunciado que las pensiones en España no corren riesgo alguno y que la Seguridad Social tendrá superávit por siempre jamás. En lugar de reproches, el Ejecutivo hubiera ponderado su prudencia. Se sobrentiende que la airada reacción del ministro se debe a la delicada situación económica y política que provoca la recesión; pero lo más elegante hubiera sido reconocer que la reforma es necesaria, pero no urgente.

Sobre la viabilidad de las pensiones, el gobernador tiene razón, aunque el problema más acuciante hoy es restaurar el funcionamiento del sistema bancario, y no las pensiones o el mercado laboral. Más temprano que tarde, la recesión destruirá el superávit de la Seguridad Social, sobre todo si se cumplen los presagios de que la economía española se recuperará más tarde que las economías europeas. Nada más lógico que subir la edad de jubilación, aumentar el número de años de cotización para calcular la pensión o suprimir los topes salariales de cotización si se quiere reforzar los ingresos del sistema.

No es tan obvio, en cambio, que la propuesta de que se descuente a los pensionistas lo cobrado en exceso por la caída de la inflación sea viable. Las pensiones españolas distan de ser remuneraciones aceptables y no conviene aumentar más la distancia con las pensiones de la eurozona. El coste de no ajustar las pensiones a la caída del IPC no justifica la aplicación de una disposición tan injusta y políticamente tan gravosa.