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Es responsabilidad del director, y expresa la opinión del diario sobre asuntos de actualidad nacional o internacional

La política más clara

Eficacia policial y firmeza judicial son condición para que Batasuna exija la retirada de ETA

La detención en menos de un año de los sucesivos cuatro máximos dirigentes de ETA es la mejor respuesta, la más política, a la pretensión de la banda de seguir condicionando la vida política vasca. La detención de Jurdan Martitegi, considerado el jefe militar de ETA, constituye la más eficaz réplica del Estado de derecho a la última manifestación de esa pretensión coactiva: la declaración, hace ocho días, de que ETA pasaba a considerar "objetivo prioritario" a los miembros del Gobierno vasco que presidirá Patxi López tras su investidura.

Tras muchos tanteos, hoy existe un amplio consenso en considerar que el fin de ETA será consecuencia de articular tres líneas principales de actuación: eficacia policial, actuación judicial contra su entorno y deslegitimación política. El fin de ETA llegará cuando sus dirigentes se convenzan de la inutilidad del terrorismo para hacer avanzar la causa en nombre de la cual actúan. Es decir, cuando comprueben, como hace algunos años constataron ex dirigentes como Pakito, que la eficacia policial es mucho mayor que la terrorista.

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En ese convencimiento deberían jugar un papel los dirigentes del brazo político, pero para ello tendrían primero que convencerse de que tampoco para ellos es rentable la continuidad de la violencia. Otegi, su principal portavoz en los últimos años, lleva unas cuantas semanas defendiendo una estrategia de unidad de las fuerzas independentistas. Siempre que ese mundo se siente débil se ampara en el nacionalismo; la novedad es que ahora prescinde del PNV, por considerarlo no consecuentemente independentista. Según Otegi, el debate no debe ser "lucha armada sí o no", sino "cómo ganar" diseñando una "estrategia independentista eficaz".

Esa insistencia en la eficacia es nueva. Parece contener el mensaje de que la violencia ha dejado de ser rentable: el balance entre detenciones e ilegalizaciones, por un lado, y atentados, por otro, resulta negativo. Pero para que los Otegis -y los presos descontentos con la ruptura de la tregua de 2006- den el paso siguiente, exigir la retirada de ETA, es necesario despejar cualquier posibilidad de conseguir en una mesa de diálogo la legalización y vuelta a las instituciones con la banda todavía en activo.

Que ETA haya dejado de ser un motivo de enfrentamiento entre los dos principales partidos es una garantía de que no habrá iniciativas que quiebren esa estrategia. Pero todavía falta una condición para desembocar en el fin del terrorismo: que no se refuerce a los sectores que defienden la continuidad de la violencia mediante mensajes que son interpretados en ETA y Batasuna como de legitimación exterior de su trayectoria. Y nada es tan apreciado por esos sectores como los mensajes nacionalistas de deslegitimación de las instituciones salidas de las urnas: Parlamento ilegítimo, golpe institucional, utilización interesada de la Ley de Partidos...

En 2002, ETA declaró "objetivos militares" a las sedes y actos públicos de los partidos no nacionalistas, lo que fue determinante en el apoyo casi unánime a la ilegalización del brazo político un año después: no podía ser legal y participar en elecciones democráticas un partido que formaba parte de un entramado que consideraba legítimo eliminar a sus rivales políticos. La amenaza de ETA contra el Gobierno a punto de constituirse ha tenido el efecto de que el Parlamento vasco aprobara por unanimidad la pasada semana una declaración de respaldo a las instituciones salidas de las urnas y el compromiso de deslegitimar política y socialmente al terrorismo. Ahora resta ser consecuente con esa declaración y hacer compatible la crítica política al futuro Gobierno de Patxi López con el reconocimiento de su legitimidad democrática.

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