El Gobierno intervino la Mutua Automovilista para evitar su quiebra

La Mutua Valenciana Automovilista contaba con 300.000 clientes y declaró 130 millones de ingresos en el año 2006. Pero sus directivos la llevaron al borde de la quiebra. La aseguradora fue investigada por el Ministerio de Economía y Hacienda. El procedimiento detectó irregularidades contables muy graves y terminó con algo similar a una intervención: el Gobierno impuso a los dirigentes sanciones por importe de 1,4 millones de euros e inhabilitaciones para ejercer cargos de administración y dirección en aseguradoras.

En el caso del presidente, Teodoro Berges, puesto al frente de la mutua por el propio Gobierno en 1994 a raíz de otra intervención, la incapacitación alcanzó los 30 años.

La mutua terminó siendo absorbida por Mapfre. Según fuentes conocedoras de la investigación llevada a cabo por Economía, la fusión tuvo entre sus objetivos evitar la quiebra de la aseguradora y garantizar los derechos de los clientes de la entidad valenciana. Fue, añadieron, salvando las distancias, como la tentativa de fusión entre Caja Castilla-La Mancha y Unicaja, pero en este caso con final feliz.

Como presidente de la mutua, Teodoro Berges lo era al mismo tiempo de la Compañía Valenciana de Radio Taxi. Y a través de la aseguradora, fundada en los años treinta como Mutua Valenciana de Taxis, controlaba también una gasolinera, un taller, una empresa de edición y otra de servicios auxiliares con un larguísimo objeto social.

La aseguradora era, además, propietaria del histórico edificio del Banco Transatlántico, situado en la esquina de las calles de Lauria y de Pérez Pujol, en el centro de Valencia. Encima de su puerta y ventanas pueden verse todavía los grabados con el nombre de la mutua y de los servicios (automóvil, hogar, incendios, viajes...) que ofrecía. El edificio entero fue vendido en 2006 a una gran inmobiliaria por 12 millones de euros. En aquel momento, en plena euforia del negocio del ladrillo, la cantidad fue considerada escasa por el entorno de la mutua.

Cronológicamente la fusión con Mapfre fue anterior a la imposición formal de las sanciones a los directivos de la aseguradora: Mapfre comunicó la operación a la Comisión Nacional de la Competencia en octubre de 2007. Y las multas e inhabilitaciones a los directivos fueron impuestas por orden ministerial el 16 de julio de 2008. Pero en la práctica Berges y el resto de los consejeros habían sido apartados meses antes.

La política de Berges fue haciéndose más expansiva a medida que avanzaba su presidencia. Compró la Mutua Sevillana del Taxi, se hizo con la cartera de seguros de automóviles de DKV y extendió el radio de acción de la entidad a toda la Península.

La orden ministerial multa a Teodoro Berges Madrid, José Martínez Martínez, Leopoldo García-Durán Gárate, Francisco Javier Martín Pliego, Ignacio Ruiz del Olmo Gimeno y Leopoldo Pons Albentosa a pagar 510.000 euros por "las infracciones originalmente imputadas a la entidad, extinguida y disuelta". A continuación los sanciona de forma individual. A Berges, con 30 años de inhabilitación y multa de 300.000 euros. A Martínez, vinculado a la Unión Gremial del Taxi de Valencia, a 20 años de inhabilitación y a una multa de 270.000 euros. A García-Durán, a 10 años de inhabilitación y 135.000 euros. A los restantes, a pagar 45.000 euros por cabeza. Este periódico intentó ayer hablar con los sancionados pero o resultó imposible o declinaron comentar el asunto.