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COLUMNA

Corrupción civil, pasividad política

Voy al bar de siempre, regentado por una pareja peculiar, y encuentro a la mujer leyendo la página del diario que denuncia el episodio de presunta corrupción en Gràcia. Interviene el marido. "Me pasó a mí cuando abrí el bar", dice, y me lo cuenta rápido y mal. Entiendo que el trámite es caro, porque hay un informe prescriptivo del ingeniero, que cada uno paga de su bolsillo (como el de la idoneidad de la instalación de gas cuando queremos el alta del servicio), y ya se sabe que los profesionales colegiados cobran lo suyo. Pero una vez presentados los papeles, hace falta la inspección técnica del distrito. Y aquí pasó lo que no tiene que pasar: el hombre le ofreció facilitar las cosas mediante un pago "sin recibo ni papeles". El del bar se negó, porque la cantidad le pareció excesiva -hay extorsiones que fracasan porque el extorsionador se pasa de listo-, y el trámite fue aprobado, pero empezaron las inspecciones. Una, dos, tres, hasta cinco. "Las pasaba todas, pero nunca estás tranquilo", me cuenta, "hasta que me planté. 'Una más', le dije, 'y voy al Ayuntamiento a ver qué está pasando". Se acabó el problema.

La cuestión política es por qué el sistema falla y sobre todo por qué no permite solventar sus fallos

De esto hace muchos años y fue en un distrito distinto de Ciutat Vella, el Eixample o Gràcia, implicados ahora en un asunto que es exactamente el mismo. Los problemas que hoy están en los juzgados hace años que dan vueltas por los despachos, pero sólo ha habido, como respuesta, el traslado de un funcionario sospechoso, para que cambiara no de ámbito de trabajo, sino de interlocutores. Ahora se dice que el caso de Ciutat Vella era un secreto a voces. ¿No se podía haber hecho una discreta encuesta entre los locales, tanto dinero que gasta el Ayuntamiento en encuestas de intención de voto? Si el sistema se basa en el dictamen subjetivo de un funcionario, ¿no habría que habilitar contrainspecciones de control? Si existe sospecha de una fuga en el buen hacer del mecanismo, ¿no es momento de sentarse a pensar y cambiar el sistema?

Pero aquí es donde la función pública se demuestra intocable. Es cierto que los casos de corrupción son aisladísimos, un porcentaje ínfimo en los miles de expedientes que circulan por las mesas de todos los ayuntamientos. Pero son casos cubiertos de una cierta impunidad, porque son dificílisimos de probar -no hay papeles- y porque los funcionarios acaban, por una razón o por otra, siendo inamovibles. Conozco el caso de un funcionario muy subalterno y muy periférico que robaba, o más bien sisaba, del dinero que le pasaba por las manos, cuatro chavos. Era un caso sabido y casi confeso, pero fue imposible despacharlo, porque el sindicato se puso firme en su defensa: este hombre no se toca. Por nada, por principio, por amistad, porque era un pobre diablo: este hombre no se toca. Así que lo situaron en un puesto donde no hiciera daño y todos tan contentos. ¿Quién se atrevería a enfrentarse a una huelga de funcionarios por una minucia así?

No estoy haciendo una crítica global a la función pública. Como en todas partes, hay funcionarios responsables que hacen bien su trabajo y personas apalancadas en su plaza fija que trampean y van viendo pasar los días. La media entre unos y otros da una productividad baja. Eso lo sabe todo el mundo. Pero el sistema no admite la exigencia, o ha acabado por no admitirla, porque nadie quiere problemas. La solución es entonces perversa, y se trata de una práctica habitual en todas las administraciones. Se infla el sistema por arriba contratando gente joven, con carnet del partido, gente dócil y con "compromiso". ¿Cuántos ha contratado el Ayuntamiento de Barcelona, por ejemplo, en los distritos? Infinitos. Pero ¿qué administración no lo ha hecho? Otro caso que me contaron hace poco, fuera del ámbito municipal por cierto. Un empleado que, como el escribiente Barthelby, dice "preferiría no hacerlo" cuando sospecha que la tarea que le encargan tiene un aspecto político. ¡Pero trabaja en una oficina política! Pronto, me dice la persona que refiere el caso, lo harán funcionario. Bravo.

En el caso del Ayuntamiento de Barcelona, no estamos ante una corrupción política, son chorizos "civiles". La cuestión política es por qué el sistema falla y sobre todo por qué no permite solventar sus fallos. El alcalde Hereu prometió, en su toma de posesión, que pondría a cien la función pública para dar mejor servicio a los ciudadanos. Un servicio de "proximidad", palabra fetiche, y "transparencia". Barcelona sería un ejemplo. Pero el resultado es que se duplican funciones, se superponen mandos, se prescinde de una función pública globalmente poco eficiente, y nada más. Esto contribuye a desmotivar a la gente que trabaja bien, porque no hay forma de premiar la eficacia ni de castigar la indolencia. Este panorama ha acabado siendo la quintaesencia del funcionariado y no hay autoridad política, en ninguna administración, que pretenda hincarle el diente al problema. A lo mejor la explicación está en lo que me dijo una vez un alcalde (del PSC): "No quiero gente con ideas, porque las ideas me cuestan dinero".

Patricia Gabancho es escritora.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 18 de abril de 2009