El Gobierno ratifica a Alberto Saiz como director del servicio secreto

El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, decidió ayer ratificar a Alberto Saiz como director del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), el principal servicio secreto español, con un total de 3.100 agentes y 255 millones de presupuesto. Es probable que el decreto con su renombramiento (la designación inicial data del 19 de abril de 2004, tras la constitución del primer Gobierno presidido por Zapatero) se apruebe en el Consejo de Ministros de la próxima semana, pues anoche no estaba concluido.

La decisión se adoptó tras intensas consultas entre Zapatero, la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, y la ministra de Defensa, Carme Chacón.

La decisión coincide con una campaña contra el actual director

La propuesta para nombrar al director general del CNI (con rango de secretario de Estado) corresponde a Chacón, de cuyo departamento depende orgánicamente el servicio secreto, pero la decisión se acuerda con el presidente, la vicepresidenta y el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba.

El próximo lunes Saiz cumplirá cinco años al frente del centro de inteligencia, que es el plazo fijado por el artículo 9.1 de la Ley Reguladora del Centro Nacional de Inteligencia, de mayo de 2002. No se dice que el mandato sea improrrogable.

Inicialmente, el Gobierno no tenía previsto ratificarlo en el cargo, con el argumento de que, como la citada ley no prevé el cese automático al cumplir los cinco años, Saiz podría mantenerse al frente del servicio secreto hasta que se acordara expresamente su cese.

No obstante, las fuentes consultadas admiten que esta indefinición dejaba al jefe de los espías en una situación de legalidad dudosa y debilidad interna, que no es la más aconsejable para un centro que vive desde hace meses sumido en la incertidumbre. Por eso, finalmente, se decidió ratificarlo expresamente con un decreto.

La prórroga es sine die, pero eso no significa, agregaron las mismas fuentes, que Saiz vaya a completar 10 años en el cargo. El mismo artículo de la Ley Reguladora del CNI señala que su responsable puede ser sustituido en cualquier Consejo de Ministros. Eso es lo que ocurrió con el primer director del CNI tras la aprobación de la ley, el diplomático Jorge Dezcallar, actual embajador en Washington, que no completó su mandato.

La ministra de Defensa, Carme Chacón, es partidaria de que se produzca una renovación en la cúpula del centro de inteligencia, pero la continuidad de Saiz cuenta con defensores muy poderosos en el seno del Gobierno, como la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega. Su ratificación por decreto no presupone que a medio plazo se imponga un criterio u otro.

El debate sobre la continuidad del jefe de los espías se ha visto enturbiado por la campaña iniciada el pasado martes por el director de El Mundo, Pedro J. Ramírez. Basándose en fuentes anónimas y sin pruebas hasta ahora, dicho diario ha aireado supuestas irregularidades del jefe de los espías en obras particulares en su domicilio o en prácticas deportivas (cacerías en Malí y Senegal y submarinismo en México), siempre a cuenta del erario público.

Al margen de la veracidad de estas acusaciones, desmentidas por el afectado, el Gobierno no duda de que el objetivo de su publicación era impedir un segundo mandato de Saiz o, en último extremo, presentar su relevo como una confirmación de las presuntas irregularidades. Y esto último es lo que Zapatero quería evitar a toda costa.

Algunas de las denuncias eran conocidas hace meses (EL PAÍS se hizo eco de la existencia de dossiers contra Saiz el pasado 23 de noviembre) pero han salido a la luz sólo tres días antes de la fecha prevista para que el Gobierno decidiera sobre su confirmación o relevo. Con independencia del rigor de las noticias, no se duda de que proceden de agentes del propio centro, descontentos con la política de personal de su director.

Los expertos consideran que fue una equivocación fijar un plazo de cinco años para el mandato del jefe del CNI. Las limitaciones temporales son propias de los titulares de órganos constitucionales (el Defensor del Pueblo o los miembros del Consejo General del Poder Judicial), a los que elige el Parlamento y el Gobierno no puede remover. Pero no de un cargo que depende de la confianza del Ejecutivo. La medida sólo se explica como una reacción al mandato de Emilio Alonso Manglano, que estuvo 13 años al frente del Cesid, antecesor del CNI.

Lejos de dar estabilidad al centro, la limitación legal del mandato sólo ha servido para que, desde hace meses, el director del CNI estuviera en una situación de fin de reinado; lo que ha propiciado que arrecie la pugna interna y afloren las querellas y agravios personales.