Montilla se opone a una reforma de la ley de cajas
La CECA defiende que se limiten las competencias autonómicas
Cataluña no quiere cambios en el modelo de cajas. El presidente de la Generalitat, José Montilla, recalcó ayer que se opone a la reforma por la que clama la Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA) y que prepara el Gobierno central con el objetivo, sobre todo, de limitar la injerencia política en estas entidades tras la batalla desatada en Caja Madrid.
"No vemos necesidad alguna de modificar el modelo de funcionamiento de las cajas de ahorros y no vamos a aceptar que el modelo sea modificado con la excusa de corregir problemas que se han detectado en otras comunidades autónomas", en referencia a la caja madrileña, según destacó hasta en dos ocasiones ayer Montilla, durante su discurso en una cumbre de cajas organizada por el Instituto Mundial de Cajas de Ahorros, la CECA y La Caixa.
El Ministerio de Economía prepara una reforma de la Ley de Órganos Rectores de las Cajas de Ahorros (LORCA) que tratará de limitar la presencia política en los órganos de gobierno de estas entidades a entre el 25% y el 30%, cuando el límite estatal está fijado hoy en el 50%. Pero en la práctica, por ejemplo, en el Consejo de Administración de Caja Madrid todos los representantes, salvo dos vocales, lo son de partidos políticos o de sindicatos, porque en la representación de los impositores también asoman los partidos.
Tanto el Gobierno como la patronal de las cajas de ahorros están de acuerdo en poner orden, pero Montilla se quejó ayer de que paguen justos por pecadores, ya que ley catalana de cajas de ahorros limita la presencia pública al 25%. "No hay que modificar un modelo que funciona bien, no entendemos la urgencia de cambiarlo", se quejó.
El fondo de este rechazo estriba en que el proyecto de modificación de la normativa que se atribuye al Gobierno central podría invadir las competencias autonómicas en esta materia.
El propio presidente de la CECA, Juan Ramón Quintás, defendió hace dos días en Sabadell que ciertas potestades, como la de las modificaciones del mapa financiero, deben ser "competencia estatal". "Ningún Gobierno autónomo debe ser capaz de vetar operaciones, como fusiones de cajas, entre comunidades", opinó. Y recalcó que si un Gobierno autónomo puede dictar normativas, no puede también estar en los órganos de gobierno (la Generalitat no lo está).
Montilla lanzó el mensaje al Gobierno ante un nutrido grupo de ejecutivos del sector, entre ellos el presidente de La Caixa, Isidre Fainé, que aprovechó el discurso inaugural de la cumbre, que finaliza hoy, para referirise al papel clave de las cajas de ahorros en el desarrollo de la región euromediterránea. Fainé subrayó que "sin la implicación del sector financiero", el desarrollo de la región, con más de 460 millones de habitantes, "sería incompleto".
Sólo en las pausas de café de la cita se chismorreaba sobre posibles fusiones de cajas. El presidente de Caixa Catalunya, preguntado al respecto por periodistas, aseguró que la entidad "ha hecho planes pensando en sólo sí misma" y destacó la buena marcha de los últimos meses.
El modelo catalán
La presencia pública en los órganos de gobierno de las cajas de ahorros catalanas corresponde a las corporaciones locales y se puede situar en una horquilla entre el 15% y el 25%. Caixa Catalunya, Caixa Tarragona y Caixa Girona son las tres únicas entidades con una presencia pública superior, por un motivo: han sido fundadas por las diputaciones de sus respectivas provincias y éstas también están representadas en sus órganos, pero en calidad de entidades fundadoras.
Los fundadores pueden tener un peso en las cajas de entre el 25% y el 35%. Para evitar, como resultado de ello, un excesivo peso público en los casos de las cajas de fundación pública, la ley catalana de cajas de ahorros (cuyo último texto difundido se publicó en 2008) limita para ellas la presencia pública global en el 50%. La representación de los impositores puede oscilar entre el 30% y el 40%, y la del personal, entre el 5% y el 15%.
A diferencia de otras normativas autonómicas, la catalana no prevé presencia alguna de la Generalitat.
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