El nuevo reparto de fondos no asegura la atención al dependiente

Este año, las comunidades autónomas recibirán del Gobierno casi 1.600 millones de euros para aplicar la Ley de la Dependencia. Una de las partidas, 283 millones, se distribuirá con criterios distintos a los acostumbrados. Ya no será el número de habitantes de cada región el único factor a tener en cuenta: ahora, el 20% de esa partida se repartirá en función de las personas evaluadas, es decir, las que ya han sido registradas como beneficiarias de una ayuda aunque todavía no la estén percibiendo. En España hay ya 628.614 personas en esas condiciones, pero 262.607 siguen sin estar atendidas (siempre con datos a 1 de abril). Por tanto, no se puede afirmar que el reparto premie a las comunidades que más dependientes atienden, sino a las que más evalúan, que es muy distinto.

El caso de Canarias es el más grave, porque el 80% de sus dependientes evaluados, por los que recibirá dinero, no están atendidos. Lo mismo les pasa a un 65% en las Baleares, a un 75% en Murcia o un 58% en Extremadura. La media española de personas aún sin prestación es de 41,78% y 11 comunidades superan esa cifra.

La razón, pues, de este nuevo reparto, puede ser, como dijo ayer la ministra de Sanidad y Política Social, Trinidad Jiménez, colaborar a "una mayor agilidad y eficacia" en la gestión de la ley, porque también evaluar a la gente requiere un esfuerzo y coste económico. Pero no responde del todo a criterios de justicia, porque hay comunidades que están haciendo un mayor desembolso para atender a sus dependientes.

Jiménez aseguró ayer que con este nuevo criterio de reparto "todas las comunidades salen ganando". Y no deben perder mucho, porque el cambio se aceptó por mayoría y Trinidad Jiménez se estrenó con un acuerdo y un buen ambiente general.

La razón de que algunas regiones aún no pierdan mucho es que el criterio de la población sigue pesando un 80% a la hora de repartir. Pero el 20% restante no puede beneficiar a Madrid, por ejemplo, que teniendo una población tres veces superior a la del País Vasco, sólo ha evaluado a 40.437 personas, mientras que el País Vasco alcanza ya los 58.110. Si el criterio fuera sólo el número de evaluados, Madrid y la Comunidad Valenciana recibirían menos dinero que el resto a pesar de que son la tercera y la cuarta más pobladas de España.

"La tendencia que muestra este cambio en los criterios de reparto es la correcta, hay que ir dando dinero en función de las personas atendidas, el dinero para la Ley de Dependencia no puede ser un fondo de reparto territorial, sino que hay que dar a quien se haga acreedor de ese derecho", dice, esperanzado, el presidente de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, José Manuel Ramírez. "Ahora es un 20% del total, pero hay que ir avanzando en ese porcentaje", opina. Pero advierte con preocupación que muchas de esas personas por las que se libra dinero a las comunidades no están atendidas, y de forma muy desigual en cada comunidad.

El consejero de Castilla y León, César Antón, se mostró quejoso con este nuevo reparto porque no se tiene en cuenta el coste de los servicios, que no es el mismo en cada comunidad. "Es más caro llevar la teleasistencia, por ejemplo, a un territorio muy extenso". Y la ministra aseguró que "tratarán de introducir medidas correctoras", para atender las peculiaridades de cada comunidad.