El Gobierno reordena los fondos de la dependencia

La forma en que el Gobierno reparte el dinero para la dependencia entre las comunidades autónomas, en función del número de habitantes, ha dejado de convencer a algunas de ellas. Es el caso de Andalucía o Cataluña, por ejemplo, que en ocasiones han solicitado que parte de esos fondos (a poder ser, la mitad) se distribuyan en virtud de los discapacitados atendidos.

La nueva ministra de Sanidad y Política Social, Trinidad Jiménez, llevará hoy una propuesta de ese tenor a las comunidades, buscando el consenso. No será un 50%, sino un 80% del dinero a repartir, en relación al número de habitantes, y un 20% según las personas atendidas ya. Cataluña y Andalucía eran más ambiciosas, pero en aras del consenso se conforman por ahora con esos porcentajes. "Es un paso adelante, al menos se premia a las comunidades que estamos implantando la ley", dicen desde Cataluña. Los consejeros socialistas se reunieron ayer para abordar el asunto, que no convence por igual a todas las Administraciones

. Cuando la Ley de Dependencia echó a andar, hace dos años, no se sabía cuántas personas adquirirían su derecho a un servicio o prestación económica, por lo que el reparto de fondos (en el llamado nivel acordado con las comunidades) se estableció en función de la población; y se incorporaron algunos criterios correctores, como la dispersión del territorio, la insularidad o el número de emigrantes retornados. Pero a medida que cada comunidad ha ido mostrando el número de personas atendidas se aprecian estridentes diferencias. Por ejemplo, sorprende que comunidades como Madrid o la Valenciana apenas cuenten un 0,6% de personas, en relación a su población, cuya discapacidad se ha dictaminado, mientras que otras superen la media española (1,67%). Entre las aventajadas figuran La Rioja, con un 2,8%, o con cifras similares, Navarra o el País Vasco.

Esto ya había despertado algunas críticas en anteriores consejos interterritoriales. Las comunidades que han hecho los deberes, por así decir, quieren que ese esfuerzo se vea recompensado. Si el criterio es simplemente la población, las de mayor número de habitantes siempre saldrán bien paradas aunque no tengan buena nota en su examen.

Las más perjudicadas con el nuevo sistema serían Madrid, la Comunidad Valenciana y Canarias, muy por debajo de la media estatal de personas dictaminadas según la población. Pero a otras, como Castilla y León, con una gestión eficaz, puede que tampoco les agrade del todo este nuevo reparto, porque no sólo reciben fondos por el número de habitantes, sino según otros criterios como la dispersión territorial.