Los internamientos urgentes en psiquiátricos aumentan el 7,8%

Antonio E. P. tiene 49 años y el pasado 1 de abril fue internado de urgencia en un centro psiquiátrico de Barcelona. Los médicos le apreciaron "psicosis inespecífica" y al día siguiente fue reconocido por un forense y por la magistrada Sílvia Ventura, titular del Juzgado de Primera Instancia 40 de Barcelona, uno de los dos especializados en incapacidades.

Al final será uno más en la estadística judicial, que el año pasado contabilizó 1.774 comunicaciones de internamiento urgente en Barcelona, el 7,8% más que en 2007. "Ingresa gente de todas las edades y con toda clase de síntomas: depresivos, trastornos delirantes, bipolares o esquizofrénicos", explica la juez.

¿La crisis económica ha influido en este incremento? "Sin duda. Cuando las cosas van mal, siempre van mucho peor para algunos sectores de población. El 30% de los ingresos que llegan a mi juzgado son de inmigrantes", explica Ventura, que lleva nueve años y medio en esa especialidad.

El 30% de los ingresos que se comunican al juez son de inmigrantes

"Cada vez tenemos más problemas para encontrar tutores"

La ley obliga a que el centro psiquiátrico o el hospital comunique el internamiento al juzgado en 24 horas. A partir de ahí, el juez dispone de tres días para avalar el ingreso, como ocurrió en el caso de Antonio E., o revocarlo. "La inmensa mayoría es gente que está para ingresar. Es evidente que cada día somos una sociedad más enferma", agrega.

La otra gran pata sobre la que pivota la actividad de estos juzgados son los casos que obligan al juez a pronunciarse sobre la capacidad o incapacidad de una persona, reclamada por la fiscalía o por sus familiares. El año pasado fueron 1.031 casos en toda Barcelona, el 7,7% menos que en 2007. Ventura es muy reacia a reconocer la incapacidad total, aunque la mayoría de sus compañeros las conceden en el 90% de los casos. "Es muy importante no privar a una persona de todos sus derechos, por muy mal que esté, y en algún caso he respetado por lo menos el derecho al voto. Un demente es una persona con capacidad para tomar algunas decisiones, según el grado de su enfermedad", dice la juez.

Esa reflexión enlaza con el llamado Documento Sitges 2009, presentado en Barcelona el pasado 26 de noviembre en la reunión anual de la Sociedad Española de Neurología, y en el que un grupo de expertos de diversas disciplinas coordinado por Mercè Boada, jefa de la Sección de Neurología de Vall d'Hebron, propone una nueva manera de afrontar la incapacidad: desde la aplicación de un criterio restrictivo al acordarla, hasta fomentar las voluntades anticipadas o realizar una valoración médica por un equipo multidisciplinar.

Otra de las propuestas es regular y potenciar la guarda de hecho y la figura del acompañante, como recoge el proyecto del Libro II del Código de Familia que tramita el Parlament. Se trata de una figura a caballo entre las responsabilidades médicas y legales que permite al paciente tomar decisiones sobre su cuidado, alimentación, tratamientos médicos o su patrimonio, sin declaración de incapacidad.

Ahora, en la mayoría de los casos, a la persona incapaz se le asigna un tutor. "Pero cada vez tenemos más problemas para encontrar tutores o instituciones tutelares, porque la Generalitat, que es la encargada de facilitarlos, no lo hace", explica Ventura. De ahí que, en alguna ocasión, la juez haya optado por nombrar tutora de aquella persona a la propia Administración. "Si desposeemos a una persona de sus derechos y la incapacitamos, lo menos que podemos hacer es nombrarle un tutor que vele por él".

En este panorama poco optimista, la estadística judicial revela un dato positivo: las peticiones al juzgado para internar a una persona disminuyeron el año pasado el 11,7% y fueron 212. "Eso indica que la sanidad ha mejorado su asistencia y que se desplaza al domicilio del afectado para evaluar el caso. Cuanto menos tenga que intervenir el juez en estos casos, mejor para el paciente", sentencia Ventura.