Justicia en Perú

Es difícil exagerar la importancia de los 25 años de cárcel impuestos por los tribunales peruanos al ex presidente Alberto Fujimori. Se trata de la primera vez que un ex jefe del Estado elegido democráticamente es condenado por la justicia de su país por delitos cometidos durante su mandato. Y, por tanto, de un serio aviso para los autoritarismos de diverso signo todavía vigentes en Latinoamérica. La sentencia anunciada esta semana se refiere a dos matanzas, 25 personas en total, perpetradas por un escuadrón paramilitar en 1991 y 1992, cuya existencia había autorizado Fujimori, y a dos secuestros. El tribunal ha considerado unánimemente a Fujimori -en prisión desde que fuera extraditado por Chile, en 2007, cumpliendo seis años por abuso de poder- el autor indirecto de estos asesinatos.

El juicio televisado contra el autócrata que presidió Perú entre 1990 y 2000 ha durado 16 meses, y, según opinión coincidente de observadores internacionales destacados en Lima y de grupos pro derechos humanos, ha cumplido con los requisitos de un proceso justo e imparcial, del que los peruanos pueden estar satisfechos. Es lógico que no se lo haya parecido a Fujimori, que ha apelado y acusado a los jueces de estar impulsados por el odio. Ni a su hija Keiko, aspirante a la presidencia en 2011 del país andino y que anuncia una respuesta contundente del fujimorismo; respuesta improbable cuando los sondeos de opinión reflejan que más del 70% de los peruanos considera culpable a Fujimori (quien además tiene pendientes otros tres procesos) de los delitos por los que se le ha condenado.

El ex mandatario peruano, sin embargo, fue muy popular durante los años que gobernó con una mano de hierro travestida de democracia, en los que importaban los fines y no los medios. Sus conciudadanos apreciaron en Fujimori, que ganó la presidencia a Mario Vargas Llosa, que evitase el colapso económico y pusiera los cimientos de un crecimiento sostenido. Y que les librara de pesadillas como Sendero Luminoso, la guerrilla maoísta que sembró el terror en Perú. Le perdonaron pronto su autogolpe de 1992, cuando utilizó al Ejército para cerrar un Congreso hostil y suspendió la Constitución en nombre de la guerra contra la insurgencia. Como le perdonaron su connivencia con Vladimiro Montesinos, el jefe de su siniestro servicio de inteligencia y la mano que sobornaba a los adversarios políticos, que cumple ahora 20 años de condena. Fujimori y Montesinos instauraron una cleptocracia que a juicio del tribunal saqueó más de 1.000 millones de euros del empobrecido país.

La decisión de los tribunales no sólo marca un antes y un después en la lucha contra la impunidad. Supone además un evidente refuerzo para las precarias instituciones democráticas de Perú, pero también del conjunto de Latinoamérica, tan propensa a excesos de algunos líderes políticos que siguen creyendo poder manejar las leyes a su antojo.