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El nuevo Gobierno gestionará 120 millones más con las políticas de empleo

Los socialistas quieren que la transferencia sea ya operativa tras el verano

El inmediato cierre de la transferencia de las políticas activas de empleo supondrá para el futuro Gobierno del PSE disponer de 120 millones de euros nuevos para su gestión, de los que 34 millones corresponden a la formación ocupacional. El candidato socialistas a lehendakari, Patxi López, que será investido con los votos de su partido y del PP a primeros de mayo, ha fijado entre sus prioridades inmediatas para luchar contra la crisis negociar con el Ejecutivo central dicha transferencia, una cuestión sobre la que han sido incapaces de ponerse de acuerdo en los últimos 30 años las administraciones central y vasca. Detrás de la desavencia siempre ha estado la discrepancia del Ejecutivo de Vitoria con el sistema de financiación de estas políticas y la negativa del Gobierno central a tocar la caja única de la Seguridad Social. Los socialistas confían en que la transferencia sea ya plenamente efectiva después del próximo verano.

López quiere poner esta cuestión sobre la mesa en su primera conversación con el presidente del Gobierno central, José Luis Rodríguez Zapatero. Los socialistas consideran que es esencial disponer de ellas de forma operativa lo antes posible, al verlas básicas para proteger el empleo frente la crisis. Este mismo argumento lo comparten los empresarios, que también han pedido repetidas veces la transferencia.

Las políticas activas y la convocatoria de una mesa de diálogo social con presencia de todos los sindicatos y la patronal son las dos medidas básicas que quiere adoptar de inmediato el nuevo Gobierno para hacer frente a la adversa situación.

Euskadi es la única comunidad autónoma que no tiene transferidas las políticas activas, que sigue desarrollando el Inem. Además, cuenta con un servicio paralelo, Lanbide, puesto en marcha por la consejería de Empleo en 2006. Una de las primeras consecuencias de la transferencia será terminar con la anómala que ha vivido los últimos años Hobetuz, la fundación vasca de formación continua, paralizada en la práctica.

Dos mujeres entran en una oficina del Inem en Vitoria.
Dos mujeres entran en una oficina del Inem en Vitoria.L. RICO

900 empleados cobrarán un 25% más

"El objetivo es hacer que todos los trabajadores del nuevo servicio público de empleo sean funcionarios", asegura un empleado del Inem que lleva ya varios años esperando que la transferencia de las políticas activas sea efectiva. El traspaso afectará a unos 900 trabajadores en Euskadi, la única comunidad autónoma que no tiene asumida dicha competencia.

El deseo de funcionarización responde a los últimos anteproyectos de ley de Empleo del Gobierno vasco, que ya prevía esa medida para los trabajadores de Egailan, que bajo la marca Lanbide ejercen como un Inem paralelo desde 2006.

Cerca del 75% de los empleados que pasarían a depender del Ejecutivo autónomo ya son funcionarios, pero el 25% restante se mantiene a la espera. Las diferencias salariales entre la plantilla del Inem y los funcionarios del Gobierno vasco se acercan a un 25% de media, precisa un sindicalistas de UGT que lleva años luchando por igualar esos sueldos. Esta fuente destaca que los funcionarios han sido igualados tradicionalmente de una forma automática en función de su nivel -en el Inem existen cinco-. Sin embargo, la situación de los trabajadores laborales está por decidir. Algunos de los consultados consideran que será preciso un periodo de dos años hasta la homologación; otras que dicen que debe ser automática.

Otro de los problemas para la puesta en marcha será el tipo de entidad que desarrolle la tarea. Lo normal en otras comunidades ha sido la creación de un organismo autónomo. Lanbide ha actuado como una agencia de intermediación privada al no tener el actual Gobierno las competencias.

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¿Qué son las políticas activas?

- Las políticas activas de empleo incluyen la intermediación y colocación en el mercado de trabajo, el fomento del empleo, la contratación laboral, la formación continua de los trabajadores y la profesional. Las políticas pasivas, mientras tanto, son las prestaciones, el dinero que pagan los trabajadores para poder realizar las primeras.

- El último intento de abordar la transferencia se produjo en 2006. Ambos ejecutivos se intercambiaron cartas sin llegar a buen puerto. La competencia figura en el artículo 18 del Estatuto de Gernika, que ha suscitado múltiples interpretaciones. En el último intento negociador se separaron por vez primera de la pasivas y se ligó al Cupo, pero no resultó suficiente por las desavencias en el sistema de financiación, en concreto en las cuotas de formación.

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