Competencia presiona para abolir la licencia autonómica comercial

La comisión pide a Industria que no haya excepciones a la supresión del permiso, como plantean varias comunidades - Aboga por liberalizar el periodo de rebajas

La reforma de la Ley de Comercio se le atraganta al Gobierno, obligado a abordarla por la Directiva de Servicios. La difícil negociación con los Gobiernos autónomos llevó al Ejecutivo a desgajarla de la trasposición de la norma europea, tramitada hace dos semanas. El Ministerio de Industria está entre dos fuegos: las reticencias de las comunidades contrastan con la exigencia de una liberalización ambiciosa de la Comisión Europea, el FMI o la OCDE. Una causa en la que se significó ayer la Comisión Nacional de Competencia, que abogó por eliminar "de plano" la licencia autonómica para grandes superficies.

El organismo que preside Luis Berenguer publicó ayer un informe sobre el asunto. Y el veredicto es palmario: la Ley de Comercio tiene "un marcado carácter intervencionista" al que la reforma que ultima Industria no acaba de dar la vuelta.

Cataluña defiende la intervención para locales de más de 800 metros

La Directiva de Servicios hace de la simplificación administrativa su piedra angular, por lo que la segunda licencia autonómica para las grandes superficies (mayores de 2.500 metros cuadrados) está condenada a desaparecer. Pero en la reforma que ultima Industria se deja una puerta abierta a la intervención autonómica: las comunidades aún podrán oponer razones de protección del medio ambiente, del entorno urbano o del patrimonio histórico para denegar la apertura.

Según ese esquema, la autorización para las grandes superficies, como para cualquier otra iniciativa empresarial, sería otorgada por los Ayuntamientos (licencias de obra y apertura de actividad). Pero se condicionará a un estudio autonómico sobre las materias preservadas por Industria.

El informe de Competencia carga contra la reforma. No sólo rechaza las excepciones, sino que plantea incluso que "debería eliminarse el concepto de gran establecimiento comercial". Y cree que se deben abordar otras cuestiones, como "la prohibición de venta de mercaderías en establecimientos financieros", una iniciativa que ya ha puesto sobre la mesa el BBVA. Y que deben levantarse las restricciones a las rebajas, un ámbito también reservado a las comunidades. Hasta ahora, la ley establece que duren, como mucho, dos meses y sólo las permite en navidades y verano.

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Anged, la patronal de las grandes empresas comerciales, aplaudió el informe de Competencia. Según sus cuentas, la denegación de permisos por los Gobiernos autonómicos ha paralizado inversiones por más de 3.000 millones de euros en la última década.

En el otro extremo se sitúan los pequeños comerciantes y varios Gobiernos autónomos que han usado las licencias para limitar la proliferación de hipermercados y centros comerciales en favor de las tiendas de barrio. Y tampoco se lo van a dejar fácil al Gobierno, muy necesitado de apoyos parlamentarios.

La Generalitat de Cataluña, que ha permitido la instalación de grandes superficies con cuentagotas en los últimos años, mantiene que está facultada para regular la apertura de establecimientos de menos de 2.500 metros cuadrados. La directora general de Comercio, Gemma Puig, defendió ayer la intervención autonómica a partir de los 800 metros cuadrados, informa Serafí del Arco.

Puig recordó que las comunidades tienen plenas competencias sobre comercio y que, en el caso de Cataluña, están blindadas por el Estatuto. La Generalitat negocia con el Gobierno para evitar un conflicto competencial y, en paralelo, con el sector para elaborar la ley catalana

En Baleares, las normas autonómicas han impedido en la práctica la instalación de nuevas grandes superficies desde 1996. El Gobierno balear, de centro-izquierda, también sostiene que la normativa europea le deja margen. "La directiva respeta nuestra libertad para establecer factores de interés general al otorgar licencias", apuntó Pere Trias, director general de Comercio, informa Andreu Manresa. Trias sostiene que la reforma les permitirá oponerse a los grandes centros en suelo rústico, impedir el "urbanismo a la carta" y marcar exigencias de eficiencia energética y creación de grandes aparcamientos.

Aspecto de un centro comercial en Aluche (Madrid).
Aspecto de un centro comercial en Aluche (Madrid).SANTI BURGOS

Las recomendaciones de la CNC

- Supresión de la licencia autonómica. Competencia plantea que "debería eliminarse, de plano, la obligación de obtener licencia comercial específica para la instauración de una gran superficie comercial", un permiso que ahora dan las comunidades autónomas. Más aún, "debería eliminarse el concepto de gran establecimiento comercial". La reforma de Industria mantiene esta distinción (por encima de 2.500 metros cuadrados) y deja margen a la intervención autonómica.

- Otras autorizaciones en revisión. La comisión que preside Luis Berenguer cree que hay que simplificar el régimen de autorización de la venta ambulante y los permisos para instalar máquinas de venta automática.

- Más allá de la Directiva de Servicios. El informe apuesta por aprovechar la reforma para eliminar la prohibición de vender mercancías en bancos y cajas. También aconseja "eliminar las restricciones de las rebajas a periodos determinados".

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