El alcalde prefiere no hablar

Dos funcionarios del Ayuntamien to de Barcelona, un ingeniero que asesoró y avaló la concesión de varias licencias, y los propietarios de varios locales que supuestamente fueron víctimas de sobornos de la trama de extorsión en los prostíbulos declararon el martes ante la juez Elisabet Castelló.

Desde entonces el alcalde Jordi Hereu sólo ha hablado de ello en dos ocasiones. Poco se le ha oído en los últimos cinco días, desde que trascendieron los supuestos casos de tráfico de influencias y soborno que han salpicado a funcionarios del Consistorio que supuestamente cobraron por hacer desaparecer expedientes. Tampoco se ha referido el edil socialista a la figura del ingeniero Joaquín Quílez, quien, a cambio de dinero, supuestamente alertó en varias ocasiones a los dueños de los burdeles de que se iban a producir las redadas policiales.

"Es un caso aislado. No es justo extender la sombra de la sospecha", dice Hereu

La primera vez que Hereu se manifestó fue el miércoles, en un acto de las obras del plan Zapatero en Barcelona, cuando no pudo evitar contestar a las preguntas de los medios de comunicación. Su respuesta fue escueta: "Es un caso aislado y somos los primeros interesados en que la justicia investigue y aclare lo ocurrido. No es justo extender la sombra de la sospecha". La última ocasión en que se oyó a Hereu hablar sobre el asunto fue ayer, y resultaba ineludible al producirse la inauguración de la plaza de Lesseps. El alcalde repitió exactamente lo del miércoles. Nada nuevo. El alcalde alega, únicamente, que fue el Consistorio el que comenzó la investigación de la parte municipal de la trama corrupta para ponerla en conocimiento del juez.

Los ediles que han salido al paso día a día, ante la dimensión que iba cobrando el caso, han sido su brazo derecho, el primer teniente de alcalde, Carles Martí; el tercer teniente de alcalde, Jordi William Carnes, y la regidora de Seguridad y también del distrito del Eixample, Assumpta Escarp.

La prudencia de Hereu contrasta con la actitud que mostró el alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón (PP), en la llamada operación Guateque, que desarticuló una red de corrupción en la adjudicación de licencias, en 2007. Era un caso más estructural, que afectaba directamente al funcionariado; en Barcelona, no se sabe. Gallardón aceptó una comisión de investigación para despejar dudas sobre la posible institucionalización de redes de sobornos. No aceptó responsabilidades, pero asumió el caos en las licencias y prometió cambiar la normativa, y se refirió a ella en ruedas de prensa.

El aliado del PSC en el gobierno de la ciudad, ICV-EUiA, ha permanecido en un más que discreto segundo plano. Esquerra Republicana, otrora socia y ahora oposición preferente, se ha mostrado exquisitamente prudente a la hora de hacer comentarios.

Ha tenido que ser el principal partido de la oposición, Convergència i Unió, el más beligerante, al pedir claridad ante la sospecha de que pueda haber más funcionarios conchabados con la supuesta trama de Quílez. Éste es un personaje muy conocido en muchos de los negociados de expedientes y licencias de los distritos de Barcelona, tal como reconoce más de un responsable político.

El PP exige más claridad y, sobre todo, más control de los responsables políticos sobre el aparato administrativo del Consistorio. Los populares son cautos, aunque la oposición en su conjunto pone en la picota la gestión del alcalde. El desgaste de Hereu se ha visto acentuado por el gobierno en minoría y se ha reflejado en las encuestas de los líderes en la carrera electoral, que en el último año han colocado a Xavier Trias por delante de él. Ayer, CiU publicó una encuesta propia que le situaba dos concejales por encima de los socialistas, lo que dejaría sin mayoría a un posible tripartito.