La UE bloquea el plan del Gobierno para subir el precio del aceite

El Gobierno central y la Junta parecen haber perdido uno de los cartuchos que habían destinado para frenar la caída de los precios en origen del aceite de oliva -de un 30% desde marzo de 2008-. La Comisión Europea ha estimado que, al menos por el momento, no se dan las circunstancias para activar las ayudas para el almacenamiento privado del aceite, un mecanismo por el cual las almazaras retiran el aceite del mercado para contener la oferta a cambio de una ayuda económica. La decisión la tomó el pasado jueves tras una petición del Ejecutivo español.

El reglamento comunitario condiciona esas ayudas a que el precio del aceite virgen extra debe ser inferior, durante más de dos semanas, a 1,77 euros por kilo y 1,52 euros para el aceite de oliva lampante. Sin embargo, el Gobierno andaluz no se da por vencido en esta batalla: "Vamos a seguir presionando para que se actualice ese reglamento", dijo ayer el consejero de Agricultura, Martín Soler. La Junta estima que el reglamento está desfasado -es de hace 10 años- y reclama su actualización (según la evolución del índice de precios desde 1999) hasta los 2,11 euros el kilo de virgen extra y 1,81 el lampante.

Fuentes del sector indican que si Bruselas aceptara esa revisión, debería ser el Gobierno español quien asumiera su coste, de unos seis millones de euros. Pero la Junta interpreta que el reglamento comunitario deja la puerta abierta a otorgar esas ayudas cuando existan "graves perturbaciones del mercado", como ocurre en la actualidad.

"El nivel de consumo no se resentirá si los precios suben hasta el umbral que garantiza la rentabilidad de los olivareros", señaló el secretario de Estado de Agricultura, Josep Puxeu, que se reunió en Jaén con el sector oleícola para respaldar la hoja de ruta diseñada en colaboración con la Junta para que los precios del aceite vuelvan a repuntar. Puxeu admitió que la situación actual es de "alto riesgo" y abogó por la concentración de la oferta.

Las ayudas para el almacenamiento privado -que la Junta plantea durante seis meses- no concitan la unanimidad de todo el sector. Mientras COAG insiste en pedir a Bruselas que actualice el reglamento, Asaja comparte la estrategia y va a iniciar una campaña para pedir a los olivareros que no vendan el aceite a niveles por debajo de costes (el sector estima las pérdidas en unos 700 millones de euros).

La UPA, sin embargo, es partidaria de priorizar el diálogo con las grandes superficies y la distribución, a las que culpa de vender aceite por debajo de costes como gancho para captar clientes. Puxeu anunció que abrirá esa vía de diálogo.