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Touriño asegura que las ayudas a Citroën son "sin duda insuficientes"

La Xunta en funciones aprueba la cuarta fase del proyecto de memoria histórica

Emilio Pérez Touriño, presidente de la Xunta en funciones, aseguró ayer que las ayudas atribuidas por el Plan Estatal de Competitividad al sector gallego de la automoción son "sin duda insuficientes". Touriño se mostró de acuerdo con el director de la planta viguesa del grupo francés PSA Peugeot Citroën, Pierre Ianni, que el miércoles declaró que con las ayudas aprobadas (un 7% de los 1.062 millones en inversiones propuestas para cuatro años) la empresa no va a ir "muy lejos".

El presidente, que confesó no conocer más que las cifras difundidas por la prensa y no por ninguna fuente oficial del Ministerio de Industria, se mostró especialmente preocupado por las previsiones en relación con la industria auxiliar viguesa, a la que el Gobierno central ha concedido apenas 16 millones de euros. También le preocupa, señaló, la posibilidad de que no se tenga en cuenta la programación plurianual propuesta por Citroën, que considera imprescindible para "enfocar el futuro". El sector de la automoción, recordó, es "vital" y "estratégico" para Galicia, por eso comparte "la preocupación del cluster del automóvil".

El Consello aprobó avales para tres empresas en dificultades
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El Consello de la Xunta (previsiblemente el penúltimo del Gobierno de coalición PSdeG-BNG) autorizó la firma de un convenio para que la Consellería de Cultura pueda financiar con 231.000 euros la cuarta fase del proyecto de recuperación de la memoria histórica que desarrollan las tres universidades gallegas. El programa se ocupará ahora de la represión en Galicia durante la dictadura franquista en el período 1940-1977. Para ello investigará documentación y bibliografía acerca de la represión económica, las causas militares abiertas en ese período, la guerrilla y la lucha antifranquista y los sistemas represivos y penitenciarios.

El trabajo pretende cubrir los vacíos existentes en torno a este período de estudio poniendo al servicio de la sociedad los nombres de los represaliados por el franquismo a través de una base de datos específica que recoja los principales datos de cada persona.

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La reunión del Gobierno autorizó también la firma de avales por importe de 24,5 millones de euros para refinanciar el pasivo de tres empresas en dificultades de las que dependen 875 trabajadores. Se trata de la empresa de transformación y comercialización de productos pesqueros Isidro de la Cal, que recibirá un aval por 11,5 millones, de la empresa de construcción, inversiones e infraestructuras Atlante (del grupo Indeza), que se beneficiará de un aval por valor de 7 millones, y el grupo conservero Bernardo Alfageme, que dispondrá de un aval por importe de 6 millones de euros.

Otro de los acuerdos adoptados por el Consello, en este caso en cumplimiento de una resolución judicial, hará posible pagar los derechos mineros a los afectados por las expropiaciones de la Plataforma Logística Salvaterra-As Neves (Plisan), en la que también participan la Zona Franca y el Puerto de Vigo. Esta actuación costará a la Xunta 7,7 millones de euros, en proporción a su participación en el proyecto (18,2%).

La Xunta también autorizó la orden anual de convocatoria que regula las ayudas económicas destinadas a las corporaciones locales para financiar programas sociales de atención primaria incluidos en el plan concertado de prestaciones básicas. Touriño justificó esta decisión, que movilizará 44,6 millones de euros, en la necesidad de atender compromisos con los ayuntamientos que son inaplazables. Gracias al plan concertado, los municipios gallegos podrán recibir ayuda económica para atender servicios sociales básicos de competencia municipal. Vicepresidencia de la Xunta planeó esta convocatoria anual como el mecanismo principal de financiación de las entidades locales en esta materia.

El Consello certificó además los dos primeros abandonos de altos cargos después de las elecciones autonómicas que, en el plazo de tres semanas, darán lugar a un cambio de Gobierno: la delegada de Presidencia en A Coruña, Aurora Moinelo, y la directora general de Transportes de la Consellería de Política Territorial, Mar Chao.

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