Industria avala el informe sobre el sobrecoste en Aguas de Calpe

Un dictamen de la Consejería de Industria cuestiona los principales argumentos que ha esgrimido en las últimas semanas el alcalde de Calp, el nacionalista Ximo Tur, para defender las obras del agua de ese municipio, investigadas por un juzgado al entender que se pagaron más de un millón de euros por trabajos que en realidad no se hicieron. Tur, que gobierna con el PP, ha puesto en duda el informe de la Universidad Politécnica de Valencia que denuncia la mala calidad de las obras y el sobrecoste de 1,1 millones, piedra angular del proceso judicial por presunto fraude en el que hay seis imputados, entre ellos el concejal popular Juan Roselló.

Por el contrario, el alcalde de Calp ha enarbolado otro estudio elaborado por una mercantil privada, Incisa, que aseguraba que las obras se ajustaban a precio de mercado.

Un dictamen del Consell desmonta la defensa de Tur de las obras

Sin embargo, el dictamen de Industria, que sirvió para aprobar en 2007 las tarifas que sufragan el coste de las obras y al que este diario ha tenido ahora acceso, hace suyas las conclusiones de la universidad: advierte de que hubo presupuestos que se inflaron, como el del movimiento de tierras, con un desfase de 790.000 euros, o el de señalización viaria, con otros 290.000, por lo que las actuaciones sólo habrían costado 2,2 millones y no los 3,3 millones por los que se adjudicaron. El juzgado investiga ahora si el dinero desviado fue a parar a manos de las subcontratas que intervinieron en las obras y cuyos principales responsables -entre ellos el cuñado de Roselló- también están imputados. Tur sí que ha admitido que pudo haber irregularidades en la adjudicación.

Según Industria, el trabajo de campo realizado por la universidad permitió establecer que los sobrecostes se fraguaron sobre todo en las excavaciones, las demoliciones y el relleno del material. Y alerta de que Incisa no tuvo en cuenta esta investigación específica para determinar el precio real de las obras al limitarse a calcular este último según el coste medio de este tipo de inversiones, sin aludir al casco concreto de Calp. Incisa intentó además contradecir a la universidad alegando que sus técnicos no habían hecho el número suficiente de catas, pero estas últimas fueron consensuadas con los técnicos de Aguas de Calpe.

Industria también avaló la advertencia de la universidad sobre "el control insuficiente de la calidad de la obra". Los técnicos de la Politécnica advertían en un anexo de que el 50% de las secciones de la red estaban en "estado crítico o inadecuado".