La trama de prostíbulos apunta ahora a dos abogados por extorsión
Y ahora, los abogados. La trama de presunta corrupción en torno a los prostíbulos Riviera y Saratoga ha avanzado un paso más. Tras la detención de los responsables de los locales y de diversos miembros del Cuerpo Nacional de Policía (CNP), la investigación apunta ahora a un bufete de abogados. Los Mossos d'Esquadra detuvieron ayer a los letrados Fernando Martínez y Álex Garberí, acusados de extorsión y asociación ilícita. La policía autonómica también arrestó al inspector José Javier Martín Puyal, alias Jordi, que fue jefe de Extranjería y ahora está de baja por depresión.
Los agentes irrumpieron ayer por la tarde en el despacho de Martínez en Barcelona. Este detenido es secretario general de la Federación Catalana de Asociaciones de Locales de Ocio Nocturno (Fecalon) y fue miembro de la ejecutiva del PP en Cataluña. Fuentes de Fecalon expresaron ayer su "sorpresa" por el arresto y aseguraron que Martínez "no tiene nada que ver" con los dos macroprostíbulos más polémicos de Cataluña. Su socio, Àlex Garberí, está vinculado a la Asociación Catalana de Empresas de Clubes de Alterne. También está imputado (aunque no detenido) un tercer abogado, según fuentes de la investigación.
Los letrados, en cualquier caso, están acusados de promover redadas contra el Riviera y el Saratoga a sabiendas de que en estos dos locales trabajaban mujeres extranjeras en situación irregular. Para ello, enviaban a policías de su confianza a los locales y, después, cobraban minutas cuantiosas a los dueños de los prostíbulos por contratar sus servicios.
El inspector Martín también fue arrestado. Hace dos años, los responsables del Saratoga le denunciaron por extorsión y fue detenido, aunque quedó en libertad. A él se atribuye, según fuentes del caso, buena parte de las confesiones que han servido a la fiscalía para sacar adelante la investigación. El CNP le ha abierto un expediente disciplinario, que se resolverá cuando haya sentencia judicial.
Con los arrestos de ayer, son ya 15 los implicados, entre ellos mandos policiales acusados de cobrar sobornos a cambio de alertar a los prostíbulos cada vez que iban a ser objeto de una redada.
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