Protección de Datos cuestiona la videovigilancia del Virgen del Rocío

La Agencia Española de Protección de datos ha abierto un procedimiento de infracción contra el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla por incumplir la normativa de videovigilancia en las cámaras instaladas en el centro. Según el acuerdo de la agencia estatal, fechado el pasado 16 de marzo, el Servicio Andaluz de Salud (SAS), podría haber cometido dos infracciones que la Ley Orgánica de Protección de Datos tipifica como graves. La administración tiene 15 días para presentar alegaciones.

La investigación de la Agencia llegó tras la denuncia presentada en junio de 2007 por dos trabajadores del Virgen del Rocío, a los que la dirección del hospital abrió un expediente, tras identificarlos, a través de las cámaras de seguridad, como responsables de unos incidentes enmarcados en las movilizaciones que entonces mantenían los médicos de Urgencias por la falta de medios. Los expedientados denunciaron que las grabaciones incumplían la ley y la agencia tiene indicios de que llevaban razón.

El SAS supuestamente incumplió el artículo 20 de la ley estatal, que hace referencia a que la creación de ficheros de titularidad pública o el inicio de recogida de datos personales debe anunciarse antes en el Boletín Oficial del Estado o de la Comunidad. Según el acuerdo de la Agencia Estatal, cuando representantes de este organismo se desplazaron al Virgen del Rocío para inspeccionar el sistema de videovigilancia, los responsables del hospital les explicaron que todavía se estaba elaborando la disposición legal que acreditaba la creación del fichero en el que se almacenan las imágenes de las cámaras. Es decir, el sistema empezó a funcionar sin que se hubiera cumplido este paso legal.

Asimismo, la agencia considera que pudo incumplirse el artículo 6.1 de la ley, que señala que el tratamiento de los datos personales "requerirá el consentimiento inequívoco del afectado". En este caso, los trabajadores aseguran que no se les informó y el hospital tampoco aportó a la agencia ninguna documentación que acreditase que, al margen de los carteles informativos dispuestos por las instalaciones, los trabajadores hubieran sido expresamente informados de la instalación y el uso de cámaras.

La Agencia tiene ahora un plazo máximo de seis meses para presentar alegaciones. Según informaron ayer fuentes de este organismo, al tratarse de una administración pública, el SAS no podrá ser sancionado económicamente, pero sí se le podrá considerar autora de infracciones graves e instarle a que tome medidas para corregir las irregularidades.

Fuentes del Virgen del Rocío dijeron no tener constancia aún del acuerdo de la agencia, pero aseguraron que, cuando hace unos meses sus representantes visitaron el hospital, dieron algunas recomendaciones que ya se han cumplido.