La pobreza aumentó desde 2004 a pesar del crecimiento económico
ELA cree que "hay mucho margen" para incrementar el gasto social
ELA cuestionó ayer frontalmente la efectividad del Gobierno vasco en su lucha contra la pobreza. Según el sindicato, no es razonable que, después de quince años ininterrumpidos de crecimiento económico, el porcentaje de personas que no cubren sus necesidades básicas se haya estancado desde 1996: bajó medio punto hasta 2004 y desde entonces ha crecido hasta quedarse actualmente en el 4,1% de la población (88.643 habitantes).
Según datos extraídos de la Encuesta de Pobreza y Desigualdades Sociales (EPDS), del Departamento de Justicia, Empleo y Seguridad Social, casi 90.000 personas vivieron en 2008 sin los recursos económicos suficientes para afrontar a corto plazo las necesidades básicas, fundamentalmente las relacionadas con alimentación, vivienda, ropa y calzado. Es decir, sobreviven con recursos, por lo general, por debajo del Salario Mínimo Interprofesional.
ELA duda de que la nueva ley consiga reducir la pobreza en Euskadi
Si se mide por hogares, la pobreza afecta al 4,6%, es decir, 36.955, una cifra idéntica a la que se daba en el año 1996. El 3,5% de la población tiene, además, problemas graves de acceso a la alimentación y el 2,1% muy graves. Ambos colectivos suman un total de 120.000 personas afectadas. El informe también resalta que unas 314.000 personas, el 14,6% de la población, están afectados por la ausencia de bienestar (la situación que incluye a las personas que carecen de los recursos para mantener los niveles mínimosde bienestar y comodidad esperados en una determinada sociedad). Los colectivos más afectados por este tipo de pobreza son los hogares encabezados por mujeres (8,2%), la población menor de 35 años que supone el 10,6% de los hogares, y las familias monoparentales (11,9%). Los índices entre la población extranjera se disparan hasta el 26,2%.
El sindicato mayoritario cree que la Ley para la Garantía de Ingresos y para la Inclusión Social aprobada por el Parlamento vasco en diciembre pasado es una oportunidad perdida para resolver el problema, debido a que se destinaron menos recursos de los necesarios. Ese texto derogó la Ley contra la Exclusión Social y la Ley de Carta de Derechos Sociales, y en la cual se regulan aspectos como la renta básica, las ayudas de emergencia social y las nuevas prestaciones como la renta complementaria de ingresos de trabajo y la prestación complementaria de vivienda.
ELA cree que la nueva ley puede incluso "empeorar" las prestaciones que reciben los colectivos en situación de exclusión, ya que establece mayores controles y restricciones para su cobro. Su secretario general, Adolfo Muñoz, subrayó en la presentación que "hay mucho margen" para incrementar el gasto social en Euskadi y solicitó una mayor progresividad fiscal para impedir las grandes bolsas de fraude existentes. Muñoz anunció que promoverá nuevas movilizaciones en demanda de un reparto más equitativo de la riqueza.
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