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Entrevista:Inmaculada Montalbán | ENTREVISTA

"Aún existe la consigna de aguantar el maltrato"

Aprendió como juez rural lo que hoy aplica como presiden-ta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género. Cree que esta década será decisiva para la igualdad.

C uando era más joven, esta granadina que en noviembre cumplirá los 50 años iba de pueblo en pueblo participando en reuniones de mujeres a la hora de la merienda mientras sus maridos seguían en casa el partido de fútbol. Pero no eran reuniones para vender fiambreras o productos de belleza. Esos encuentros distaban mucho de ser transacciones comerciales con las que, de paso, reforzar el limitado papel doméstico de las mujeres. En aquellas meriendas, la joven juez Montalbán explicaba a las participantes que el deber conyugal no incluía la obligación de soportar los malos tratos del marido. Eran reuniones a las que algunas acudían a escondidas de sus cónyuges. Ahora las recuerda la juez Inmaculada Montalbán con emoción desde su despacho de vocal del Consejo General del Poder Judicial porque a su memoria vuelven sus caras y sus lágrimas cuando alguna comprendía súbitamente que lo que les decía y contaba la magistrada se correspondía fielmente con el infierno que vivía calladamente en su casa.

"Es tan importanteconocer la ley como la realidad que se maneja "

"La educación es clave para avanzar en igualdad y disminuir la violencia"

Las pioneras que en los años ochenta se atrevieron a denunciar y llevar a juicio a sus parejas o ex parejas fueron las que le despertaron la conciencia a Inmaculada Montalbán. Desde entonces, ella ha luchado por despertársela a los demás, y muy especialmente a sus compañeros jueces, a los que explicaba la especificidad de los crímenes machistas y de sus víctimas y a los que incluso ha llevado a centros de acogida de mujeres.

Quizá el mismo contraste de aquellas vidas con la suya propia acrecentó su empatía. Casada y con tres hijos, Inmaculada Montalbán es una mujer cuya afición favorita es pasear con su marido y sus tres hijos cuando se reúnen en Granada los fines de semana. Ahora vive en Madrid con su hija mayor, ya universitaria, y puede alardear de un marido que se ha tomado las bajas de paternidad para cuidar a cada uno de sus hijos y para, de paso, apoyar la carrera de su esposa. También puede presumir de unos vástagos concienciados con los problemas de la desigualdad.

Fue miembro de la Comisión de Violencia de Género de Jueces para la Democracia, una de las asociaciones progresistas de la judicatura española, y en 2002 formó parte del Comité de Expertos de Violencia Doméstica. Ha sido magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, y el Consejo General del Poder Judicial, del que ahora es vocal, le otorgó el Premio Rafael Martínez Emperador por su estudio Perspectiva de género: criterio e interpretación internacional y constitucional. Autora de una decena de libros sobre la igualdad, es, en fin, una autoridad en materia de violencia de género, razón por la cual nadie dudó en octubre pasado en nombrarla presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género.

Pese a lo rimbombante de todos sus títulos, Inmaculada Montalbán parece apocada y tímida, una sensación reforzada por una voz aflautada que suena a modestia.

¿Por qué quiso ser juez? Por el momento histórico en el que estudié Derecho. En Filosofía del Derecho estudiábamos el anteproyecto de la Constitución española. Era un momento muy importante en el que se estaba forjando nuestra democracia y analizábamos cómo se estaba construyendo la Constitución para poner los cimientos de una sociedad futura. Los profesores hacían hincapié en la labor de los jueces no como meros aplicadores de la ley, sino como una parte activa al interpretar las normas. Ya entonces advertí que la Constitución ofrecía grandes posibilidades para avanzar en la democracia y que ésta no se crea por ley y ya está, sino que se necesitan impulsos para que se vayan implantando los derechos que marca. Tengo un punto de utopía, como lo tuvo toda la sociedad española, para lograr una sociedad más justa e igualitaria.

¿Hay algún afán justiciero en la vocación de juez? No en mi caso. La labor del juez es interpretar las leyes ajustadamente a la Constitución y a una visión progresiva de los derechos. En casos de discriminación de la mujer por motivos laborales, la práctica judicial ha ido poco a poco sembrando pequeños hitos, avanzando en prácticas antidiscriminatorias. Es la labor promocional del derecho.

¿Por qué ha tenido usted siempre tanta sensibilidad hacia los temas de igualdad? En cuanto empecé a trabajar en los juzgados advertí que las mujeres que venían a denunciar a sus maridos eran distintas de los otros denunciantes, de las otras víctimas que acudían a los juzgados. Las veía en una situación de duda, de inseguridad y de debilidad. Y comprendí que las leyes no les respondían. Recuerdo el caso de una mujer a cuyo marido yo había condenado al pago de una multa, que era lo que la ley preveía (multa o arresto domiciliario). Pues bien, la mujer vino a decirme que ella quería pagar la multa porque su marido no estaba dispuesto a hacerlo. Había llegado la notificación del embargo de la casa familiar y ella no quería que su casa estuviera embargada [se ríe]. El sistema legal respondía de esta manera tan absurda a un problema tan específico. El sistema no funcionaba.

O sea, que el detonante fue su desempeño profesional. Fue la unión entre la formación como jurista y la práctica judicial. Advertí que el problema de la violencia contra la mujer en el ámbito familiar estaba relacionado con el problema de la desigualdad. Las mujeres que acudían a los juzgados estaban en situación de desigualdad y muchas de ellas renunciaban a la denuncia porque se quedaban sin el dinero del marido para pagar la comida o el colegio de los hijos.

Y entonces empezó usted a establecer relación con las víctimas, a visitar centros de maltratadas, a intentar entenderlas. Sí, sí. En 1985 aún no existían los organismos de igualdad ni de asesoramiento a las mujeres, y recuerdo que cuando estaba en un juzgado de Almería, unas abogadas que trabajaban con víctimas de malos tratos me pidieron que colaborara con ellas. Así fue como estuve unos años yendo a los pueblos a explicar a las mujeres que tenían derecho a denunciar. Les explicábamos que la violencia dentro de la pareja no estaba permitida, que una mujer no estaba obligada a sufrir malos tratos o a recibir amenazas por el hecho de casarse.

Pero en aquella época no se tenía conciencia de la magnitud del fenómeno. Muchos pensaban que era un problema casi minoritario, que las feministas exageraban. Sí. Me acuerdo de todas esas mujeres, de sus caras…

En este punto, Inmaculada Montalbán se queda sin voz; emocionada. Paramos la grabadora. Se disculpa varias veces. Finalmente continuamos con la entrevista.

¿Cuál era la actitud de las mujeres que acudían a esas reuniones? Iban con mucho interés y preguntaban. Para ellas era muy importante que una juez les explicara las leyes. Preguntaban sobre las consecuencias de denunciar y cuando les explicaba que las penas eran multas o arresto domiciliario se quejaban. Decían: "Esto a nosotras no nos soluciona nada". "Yo no trabajo y mi marido es peón de albañil. ¿Qué pasa con mis hijos?". Se planteaban este tipo de cuestiones, pero nosotras dejábamos el mensaje de que dentro de la obligación conyugal no estaba la obligación de soportar malos tratos y eso era importante, sobre todo en los ámbitos rurales. Eran mujeres que venían a oír y cuando conocían historias en las que se veían reflejadas muchas lloraban o se emocionaban. Al final acudían a la abogada.

Así era como descubrían que eran víctimas de violencia de género. En aquella época no se hablaba de violencia de género. En los atestados policiales se hablaba de reyertas familiares [se ríe].

Supongo que a muchas mujeres incluso les supondría un grave problema acudir a estas reuniones, que hasta irían a escondidas. Sí, sí. En aquella época no existía la sensibilización que hay hoy día, sino trabajos de mujeres, abogadas, asistentas sociales, etcétera. Afortunadamente, ya se crearon los institutos de la mujer y se empezó a trabajar también la asistencia y el asesoramiento a mujeres.

Todavía en 1997 no se consideraban los crímenes machistas. En febrero de ese año instruyó usted un macabro asesinato doble de mujeres. El agresor mató a dos mujeres, a las que se encontró desnudas. El cadáver de la mayor de las dos incluso fue vejado. El cronista hablaba, sin embargo, de que el posible móvil fuera el robo de 40.000 pesetas (240 euros). Sí, sí. Lo recuerdo perfectamente.

Meses más tarde, ese mismo año, murió asesinada Ana Orantes, la mujer que había denunciado los malos tratos de su ex marido incluso en la televisión y a la que él quemó viva. Hay un antes y un después de aquel caso en este país. Efectivamente. Aunque ya se estaba trabajando sobre la violencia contra las mujeres en esa etapa, ese caso fue un punto de inflexión. Primero porque salió en la televisión andaluza denunciando los años de malos tratos por parte de su ex marido y el asesinato, especialmente cruel, que fue el aldabonazo: "Me has desprestigiado al decir que te he maltratado y yo respondo quitándote la vida". Aquello dio paso a que las asociaciones de mujeres, aliadas con los medios, pusieran sobre el tapete la violencia doméstica y la ineficacia judicial, que no respondía a cuestiones como ésa. Las mujeres denunciaban, pero no tenían protección. Los jueces respondíamos con los instrumentos legales que teníamos, pero no disponíamos ni de los medios ni de las leyes adecuadas. Se inició un proceso de reflexión muy importante, espoleado por la sociedad civil, por las asociaciones de mujeres. Es entonces cuando empieza a cuajar el término de violencia de género, que es una categoría que designa que la causa última es la desigualdad. Hemos vivido en poco tiempo una evolución muy rápida en la que se han fortalecido los derechos de las mujeres.

¿Le tocó a usted algún caso como el de Ana Orantes? ¿Tuvo alguna mujer que denunció y luego fue asesinada? Afortunadamente, no. Sí que tuve casos de mujeres que habían recibido golpes tremendos. Eso sí.

¿Alguno de los casos le impactó de manera especial? Recuerdo el de una mujer que denunció a su marido porque la había amenazado con un hacha. Debido a que el hecho se calificó como falta leve, no estaba el fiscal. Así que allí estaba la denunciante sola frente a mí mientras que el denunciado estaba con su abogado. La sensación de debilidad de aquella mujer era tremenda.

¿Sintió desde el primer momento esa empatía con las víctimas? Hay incluso mujeres a las que les cuesta entenderlas . Yo he conocido a muchas mujeres que han soportado los malos tratos en silencio. Hay muchas en el ámbito rural y todavía siguen la consigna de que hay que aguantar, una consigna que se ha transmitido generacionalmente y que afortunadamente ya se está rompiendo. Me sorprende que haya quien se sorprenda de que existan perdones, renuncias y retractaciones. Son la consecuencia de esa vinculación de dependencia emocional y económica con el agresor. ¿Cómo evitarlo? Hay que fortalecer a la mujer. No renuncia o se retracta por capricho. Para cuando llega al juzgado ya se lo han pensado muchas veces. El problema es que en muchas ocasiones sopesa los pros y los contras y ve que hay más contras que pros para denunciar. La dependencia emocional y psicológica nos impide actuar de manera más rotunda contra este tipo de violencia.

Sobre la dependencia económica tiene usted una jugosa anécdota protagonizada por el alcalde de un pueblo. Sí. Fue tremendo. Era una reunión en la que las mujeres habían preparado un café y unos bollos. De casualidad, el alcalde se enteró de que estaba ahí la juez y vino con el jefe de la Guardia Civil del pueblo. Se incorporó a la hora de la merienda. Y entonces se llevó la mano a la cartera y nos dijo: "Está muy bien todo lo que digáis, pero mientras que uno tenga esto aquí, es el que manda". Fue frustrante.

¿Cuál fue la reacción de las mujeres? Menos mal que para entonces sólo quedaban cuatro o cinco en la reunión. Pensé que si lo hubiera dicho en público, toda mi charla se habría quedado en nada, porque en buena parte es cierto lo que él decía. Todas aquellas mujeres eran amas de casa que oían hablar de derechos y libertades, pero no tenían libertad económica para emprender una nueva vida.

Usted ha hecho mucho proselitismo entre sus compañeros de carrera. Me parece fundamental. Dentro de los cursos que he dirigido en formación de jueces he dedicado una tarde para que entren en contacto con mujeres de centros de acogida. Porque tan importante es conocer la ley como la realidad que se maneja. Que los jueces puedan hablar con las mujeres que están recluidas -sí, recluidas para garantizar su seguridad- y que ellas les cuenten lo que esperan de la justicia y lo que realmente tienen es importante. También lo es que los jueces les cuenten los instrumentos de que disponen y por qué actúan como lo hacen. Es bueno que cada uno dé su visión para mejorar la respuesta de la justicia.

¿Lo hacía usted como coordinadora de la Comisión de Violencia de Género de Jueces para la Democracia? Lo he hecho siempre que he tenido la oportunidad.

Uno de los cambios sociales que hemos conocido ha sido el de las estadísticas. Ahora al menos conocemos la magnitud del problema. Sólo en España, 400 denuncias al día. Se calcula que hay 500.000 víctimas al año y que la mayoría no denuncia. Eso quiere decir que durante esta hora de conversación entre usted y yo 87 mujeres están siendo maltratadas. Tenemos que analizar por qué persiste la violencia a pesar de los esfuerzos. Estamos en una década decisiva para implantar la igualdad entre hombres y mujeres y reducir la violencia sobre la mujer. Es una década muy decisiva porque tenemos la Ley Integral de Violencia de Género y la Ley de Igualdad. La primera, de 2004; la segunda, de 2007, y, si bien ya se ha logrado que el sistema judicial esté dando una respuesta aceptable, también es cierto que tenemos que terminar de implantar todos los recursos. Además, hay que insistir en la educación. Es el factor clave para avanzar en la igualdad y disminuir la violencia. Pero hay agentes socializantes muy importantes que siguen transmitiendo los antiguos mensajes discriminatorios que sitúan a las mujeres en segundo lugar. No sé qué tiene más incidencia, si la familia, si los medios de comunicación, si el ámbito académico o el propio lenguaje, pero lo que sé es que todos siguen transmitiendo los mensajes antiguos.

Son especialmente sangrantes en este sentido los vídeos musicales, que otorgan papeles bien distintos a hombres y mujeres. Y pongámonos a pensar en las telenovelas que vienen de otros países que no han avanzado tanto hacia la igualdad como la sociedad española. Tenemos que actuar sobre estos agentes para que se comprometan con los valores que las leyes transmiten. Sólo así se conseguirá romper esa transmisión de valores antiguos que siguen actuando sobre nuestros hijos y nuestras hijas, adjudicándoles a ellas el papel de solícitas, amables, cuidadosas y atentas, y a los niños, el papel de decisores.

¿Y frente a todo ello no cree que hay una cierta pasividad social? Creo que hay que aumentar la actitud crítica, que no podemos bajar la guardia, que hay que detectar esos mensajes y actuar con la ley para evitarlos.

Un claro ejemplo de pasividad es la prostitución. Sabemos que hay mercado de esclavas en el siglo XXI, sabemos lo que hay en los clubes de carretera, pero pasamos de largo. Hay una permisividad escandalosa. Sí. El 80% de las mujeres que ejercen la prostitución son especialmente vulnerables. Son mujeres inmigrantes, sin dinero, sin redes sociales, sin redes familiares… Hay que abordar este tema con medidas de apoyo para que estas mujeres puedan salir de esa situación. Hay que potenciar el instrumento de la ley de extranjería de que aquellas que colaboren en desarticular las mafias y bandas organizadas consigan su permiso de residencia en España y hay que ayudarlas para que se incorporen al mercado de trabajo. Obviamente hay que actuar contra esas mafias que dan cobertura a esta esclavitud.

En el año 2009, el Ministerio de Igualdad se va a gastar cuatro millones de euros para las víctimas y tres para la reeducación de los maltratadores. Suena un poco injusto, la verdad. Hay que poner en marcha los programas de rehabilitación de los condenados porque es uno de los fines de la pena en las sociedades civilizadas y también porque hay que proteger a las víctimas. Está comprobado que en este tipo de violencia se reproduce el patrón con nuevas parejas. Hay que intervenir con el condenado para evitar que produzca nuevas lesiones a sus nuevas parejas. Es un mandato legal que, lamentablemente, no está aún extendido en todo el territorio.

Vemos cada día sentencias de alejamiento incumplidas, pulseras GPS que fallan y reincidencias inquietantes. ¿Está la justicia desbordada con este asunto? No tengo esa impresión, lo que pasa es que el sistema se está adaptando a las necesidades. Es muy difícil controlar y asegurar que no se vayan a producir nuevos actos violentos contra una mujer. Los poderes públicos tienen la obligación de poner todos los medios para que eso no se produzca y que cuando suceda se analicen los fallos. La violencia sobre la mujer está en la agenda pública y la agenda política porque es un problema de derechos humanos.

¿Ha sido un gran avance establecer los juzgados de violencia de género? Han dado buen resultado porque han favorecido la coordinación entre policía, hospital y asistentes sociales y porque han mejorado la respuesta judicial. Con la especialización hay un examen de los equipos psicosociales. Se analiza a la víctima y al agresor y se evalúa el riesgo. Los juzgados exclusivos están dando una respuesta razonable que, no obstante, se puede mejorar. El proyecto es extender los juzgados exclusivos aunque alguno cubra varios partidos judiciales siempre que el acceso por el nivel de las comunicaciones sea fácil para las mujeres.

En los juzgados no especializados hay más absoluciones en casos de maltrato que en los juzgados de violencia de género. ¿Por qué es así? Porque los jueces y fiscales de los juzgados especializados ya conocen las características específicas de este tipo de violencia. Saben que no suele haber testigos y que necesitan una recogida de pruebas más importante, por ejemplo. La especialización garantiza un mejor conocimiento del problema.

La gente joven no suele estar muy concienciada de este problema. ¿Habla usted de este asunto con su hija de 18 años y sus amigas? Mi marido y yo hablamos mucho con nuestros hijos. Ellos siempre me han visto muy activista y hablamos de estas cuestiones con frecuencia. Cuando hemos visto que la menor, de 13 años, seguía una telenovela de contenidos no deseables le hemos explicado por qué no debía hacerlo y lo ha entendido. Mis hijos están muy sensibilizados. Si trabajamos en la igualdad es porque queremos un futuro mejor y más justo para las nuevas generaciones, y a los niños hay que implicarlos en estas cosas.

¿Para qué sirve el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género? Para intentar mejorar la respuesta judicial. Realizamos estadísticas que nos permiten hacer un diagnóstico del funcionamiento de nuestros juzgados, pero también analizamos las sentencias. Un estudio nos demostró que los jurados aplican en porcentajes muy bajos los atenuantes de drogadicción, consumo de alcohol o alteración mental. Esa actitud corroboraba lo que los expertos venían diciendo: la causa de la muerte no es la bebida ni el alcohol ni un trastorno mental transitorio. Y eso que en juicios con jurado las defensas suelen llevar peritos muy potentes que intentan acreditar que su defendido estaba enajenado. Ahora estamos analizando las sentencias en aplicación ya de la Ley de Violencia de Género. Veremos qué respuesta se está dando y qué mejoras podemos proponer al Parlamento.

De modo que la observación conlleva iniciativas. Sí. Gracias al observatorio tenemos datos que antes no existían. Queremos perfeccionar nuestros análisis y proponer mejoras. Una propuesta nuestra es que los jueces que estén interesados en cubrir plazas en juzgados exclusivos hagan un curso específico sobre violencia sobre la mujer. Otra cuestión es la implantación de juzgados penales especializados, que nos parece fundamental [los actuales tratan también asuntos civiles]. En el ámbito no judicial colaboramos con los ministerios de Igualdad y de Justicia, con el Colegio de Abogados, la Fiscalía y asociaciones de mujeres.

¿De qué medios personales y materiales dispone el observatorio? Contamos con dos vocales más dentro del Consejo General del Poder Judicial, la letrada Paloma Marín y dos funcionarias. Eso es todo. Nos reunimos con el resto de instituciones que también forman parte del observatorio, como los ministerios de Justicia y de Igualdad. Disponemos, claro está, de los servicios comunes del consejo, como los de inspección o estadística.

¿Por qué están tan enfadados los jueces? Las protestas denotan el desaliento ante la carencia de medios materiales y personales. Seguimos enmarañados con papeles en unas oficinas anticuadas mientras la gente espera nuestras decisiones. Los jueces no tenemos competencias para decidir el personal, el equipo de trabajo o qué sistema informático utilizar y, sin embargo, parece que somos responsables de todo.

Usted propuso las alertas informáticas, que habrían avisado a Tirado no sólo de que su orden de ingreso en prisión no se había ejecutado, sino también de que el presunto asesino de la niña Mari Luz tenía pendiente otra condena por abusos sexuales. Sí, yo propuse las alertas informáticas para que, por ejemplo, cuando salga de prisión un penado se avise inmediatamente a la víctima. Cada autonomía ha desarrollado sistemas informáticos incompatibles entre sí. En el ámbito de la justicia no se ha puesto en marcha la oficina judicial moderna que reclamamos desde hace años. Creo que los jueces quieren dar una respuesta rápida y ven que no es posible. Es una situación muy frustrante.

Una juez en las casas de acogida

Inmaculada Montalbán empezó a trabajar en un juzgado llamado entonces de distrito (ya inexistentes), en Torrevieja (Alicante), en 1984, en el que se llevaban asuntos pequeños de poca cuantía y juicios de faltas.

El ascenso a magistrada le llegó en 1988. Fue enviada a la Audiencia Provincial de Valencia, donde tenía que tratar asuntos complicados de gran envergadura. Esa experiencia la forjó en el ámbito penal, del que se sigue valiendo como juez y al que volvió después de ocho años en lo contencioso-administrativo.

Como directora de formación de jueces en el Consejo General del Poder Judicial en Andalucía llevaba a sus compañeros de carrera a las casas de acogida de mujeres maltratadas para que conocieran de cerca el problema.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 22 de marzo de 2009

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