La juez de Corcubión retira los cargos contra el ex jefe de Marina Mercante

La Administración española ha quedado excluida, al menos de momento, de responsabilidad en la catástrofe del Prestige, el viejo petrolero que al accidentarse frente a Fisterra en noviembre de 2002 tiñó de negro tres mil kilómetros de costa, y se extendió desde la desembocadura del río Miño hasta el Canal de la Mancha. La juez de Corcubión (A Coruña), Carmen Veiras, concluyó la procelosa instrucción de la mayor causa por delito contra el medio ambiente abierta en España. Veiras considera que no cabe imputar delito alguno al entonces director general de Marina Mercante, José Luis López Sors.

La titular de este pequeño juzgado de A Costa da Morte entiende, tras analizar los 289 tomos y 192.311 folios de una instrucción que tardó en cerrarse seis años y cuatro meses, que el entonces alto cargo del Ministerio de Fomento actuó correctamente al decidir alejar de la costa, en medio de un fuerte temporal, al barco dañado con el consiguiente vertido de toneladas de fuel. La juez también exculpa a la Administración por el errático y cambiante rumbo que tomó el petrolero durante los seis días que estuvo navegando, antes de partirse y hundirse a 250 kilómetros de las islas Cíes.

La responsabilidad penal sólo caerá sobre tres miembros de la tripulación

Para la instructora del sumario sólo son responsables de la catástrofe tres cargos de la tripulación, sin recursos económicos para afrontar multas que podrían ser millonarias: el capitán, Apostolos Mangouras, y el jefe de máquinas, Argiropoulos Nikolaos, ambos ciudadanos griegos. Son imputados por delito contra el medio ambiente y por desobediencia. El primer oficial del Prestige, el filipino Irineo Maloto, es acusado de atentar contra los recursos naturales.

Quién se sentará en el banquillo cuando se abra el esperado juicio por esta marea negra es todavía una incógnita. La juez instructora deberá ahora recibir los escritos de acusación y defensa de los mil personados en esta causa, entre ellos 109 perjudicados franceses, el Estado galo y ocho ayuntamientos del país vecino. Acusaciones particulares como la de la plataforma Nunca Máis mantienen que debe ser juzgado López Sors, el único representante de la Administración que estuvo todos estos años imputado en el sumario. Y al capitán del Prestige, el único encarcelado, tres meses, por este siniestro y ahora considerado su máximo responsable, está sólo a un año -tiene 74- de ser eximido por edad de responsabilidad penal.

La juez de Corcubión considera que las abundantes diligencias judiciales practicadas desde 2003 demuestran que la decisión más cuestionada del Gobierno de José María Aznar para afrontar esta catástrofe, la de alejar de la costa al viejo petrolero herido, "fue prudente y razonable a la vista de las circunstancias del caso".

"No puede entenderse que la decisión de alejar el barco fuese un factor de agravación del riesgo ya generado", concluye la juez. Apoya su decisión en un informe pericial que calcula que el Prestige, al accidentarse el 13 de noviembre de 2002 frente a Fisterra, ya vertió de inmediato al mar 23.500 toneladas de fuel. Carmen Veiras considera, además, que la Administración española "manejaba información correcta" sobre los daños y estado del barco, por lo que actuó bien al rechazar que fuese llevado hasta un puerto de refugio. "No cabía otra opción que denegarlo", afirma la juez.