Las subastas en Valencia crecen un 41% pero casi nadie puja en ellas

Mayo del 2008, la sala llena. Marzo de 2009, la misma sala y sólo cuatro personas, de las que dos ocupan su puesto de trabajo, una va de espectador y la cuarta no puede intervenir en la puja por ser la parte actora. El número de subastas judiciales que se llevaron a cabo en 2008 en los juzgados de Valencia, 863, superó en un 41% el de 2007 y aumentó un 56% respecto a 2006. Sin embargo, y a pesar de que en ocasiones se pueden encontrar bienes a buenos precios, ya nadie levanta la mano. Ni los subasteros.

Germán ya ha ido dos veces a la sala de subastas de la Ciudad de la Justicia de Valencia para aprender a pujar y lograr experiencia ya que, en un par de semanas, quiere participar en una sesión. En ambas ocasiones su plan se frustró. Nadie apareció. "Es la tónica desde hace casi un año, es el reflejo de cómo está la sociedad", explica una de las auxiliares de la sala, con lo que en muchas ocasiones la venta queda desierta.

El postor desconoce el estado de la vivienda y si ésta sigue ocupada

Las subastas judiciales tienen un único objetivo: obtener dinero que permita el pago de la deuda o hipoteca al acreedor que, que en estos casos, suele ser el banco. Si el propietario del bien deja de pagar las cuotas mensuales a su entidad financiera, ésta acaba embargándoselo y, a continuación, podría salir a subasta. El precio por el que sale a la venta pública es el que resulte de descontar de su valor de mercado todas las cargas anteriores, cargas que el comprador tendrá que abonar. Además, el que quiera participar en la puja deberá abonar, a modo de depósito, el 30% del precio por el que se vende.

"Hay oportunidades de inversión muy buenas ya que puedes llegar a ahorrarte hasta un 30%, pero hay que comprar de acuerdo con una necesidad", explica Jorge Zanoletty, director de Tulipp, empresa privada que celebrará una subasta en Valencia a finales de abril.

Todos los que alguna vez se han movido alrededor de las subastas coinciden: son más transparentes y democráticas desde el año 2000, fecha en la que cambió la ley. "Antes era una mafia", afirma una secretaria judicial en alusión a los conocidos como "subasteros". Éstos se dedicaban, casi en exclusiva, a estas operaciones, pactaban de antemano, y entre ellos, los precios que iban a pagar por los bienes y luego los revendían. Normalmente, eran los únicos que tenían la información sobre las subastas, algo que no sucede desde que se publica en Internet.

Uno de los principales inconvenientes de estas operaciones es que el postor no sabe en qué condiciones se encuentra la vivienda, que incluso podría estar ocupada. "Las garantías de que los bienes estén en buen estado son nulas", explica una secretaria judicial. Por el contrario, algunas de las empresas dedicadas a esta actividad enseñan antes lo que ofertan. Según Zanoletty, pese a que su empresa tiene más trabajo, las ventas han disminuido, lo que hace que los bancos vayan acumulando propiedades a las que no les han podido dar otra salida.