El PSE y los nacionalistas hacen causa común para evitar el cese de Txabarri

El caso del fraude millonario en la Hacienda de Irún y sus derivaciones políticas llegó ayer a su estación término. El PSE-EE unió sus votos con el Gobierno foral guipuzcoano (PNV y EA) para neutralizar el intento del PP de cargar todo el peso político de este escándalo sobre las espaldas del ex diputado general de Guipúzcoa Joxe Joan González de Txabarri, actual presidente del Puerto de Pasajes. El pleno de las Juntas Generales rechazó por amplia mayoría una iniciativa popular que defendía el cese de Txabarri del cargo público que ocupa.

El PP proponía que las Juntas instaran a Txabarri a que renuncie a su actual puesto político, al ser incluido en el "capítulo de responsabilidades políticas" en las conclusiones de la comisión de investigación del caso Irún. En caso de no acceder voluntariamente en el plazo de dos meses, el PP defendía que el Ministerio de Fomento le cesara. La propuesta sólo fue respaldada por EB. Su portavoz, Arantza González, llegó a manifestar que Txabarri "no tuvo voluntad política de llegar hasta el final" en el esclarecimiento de los hechos fraudulentos al apoyar el archivo de la auditoría interna que descubrió las anomalías en la delegación de Irún.

EB pide que el ex diputado general no ocupe ningún otro cargo público

La Cámara provincial, en otro pleno celebrado el pasado 15 de enero para debatir las conclusiones de la citada comisión, adjudicó al PNV toda la responsabilidad política del fraude fiscal en la Hacienda de Irún, el mayor escándalo público conocido en esta provincia. El dictamen aprobado colocó a Víctor Bravo, director de la Hacienda guipuzcoana entre 1992 y 2003 y ex senador peneuvista, en la cúspide de la responsabilidad política. Su actuación se considera clave para entender que el principal imputado en la causa, su hermano José María Bravo, pusiera supuestamente en marcha una maquinaria para defraudar 8,1 millones de euros al fisco y se apropiara de 1,7 millones de deudas de contribuyentes morosos.

El PNV, EA y los socialistas, que firmaron una enmienda conjunta, impidieron ayer con sus votos que la iniciativa contra Txabarri saliera adelante. Emplearon argumentos muy parecidos para salvar su cabeza. El socialista Julio Astudillo, a la sazón presidente de la comisión de investigación, explicó que la mención que hace el informe de conclusiones del ex diputado general "no justifica la petición de dimisión", máxime cuando el organismo que preside ahora "no forma parte de la administración foral". El juntero del PSE insistió en que pedir la renuncia de Txabarri es "exagerado", porque su grado de responsabilidad es menor a la del resto de implicados.

Asier Aranbarri, portavoz peneuvista, afirmó que la petición formulada por el PP está fundamentada en "una mentira", puesto que la investigación parlamentaria dejó "bien claro" que sobre Txabarri no recae ninguna responsabilidad política, sino que le atribuye "una actuación políticamente desacertada" por apoyar el archivo de la auditoría. En la misma línea, Joxan Rekondo, de EA, afirmó que las Juntas no observaron responsabilidad política en el ex diputado general, sino una "desacertada defensa y apoyo" del cierre de la auditoría, lo que le sitúa en un "plano diferente" al de Iñaki Rica y Asier Esnal, ex directores de Hacienda y Presupuestos, respectivamente, y de Juan José Mujika, anterior diputado para la Fiscalidad.

El representante del PP, Juan Carlos Cano, reaccionó con firmeza al quedar rechazada su propuesta. "No hacer que Txabarri dimita supone un cierre en falso de la comisión de investigación", sostuvo. Cano justificó la petición de cese ante "la gravedad de las irregularidades descubiertas", "la alarma social generada" y "el compromiso público y político de los grupos junteros al crear la comisión".

EB fue más allá y solicitó que Txabarri, además de abandonar la presidencia de la Autoridad Portuaria de Pasajes, "no vuelva a ocupar otro cargo público". "Si le cesamos de uno para ponerle en otro, no conseguimos absolutamente nada", señaló González.

Por su parte, la portavoz de Aralar, Rebeka Ubera, consideró que las referencias al ex diputado general no son suficientes para exigir su destitución, porque no se ha demostrado que él ordenara el archivo de la auditoría.