Desafuero en Madrid

El Partido Popular de Madrid ha confirmado los peores pronósticos sobre la comisión de investigación establecida en la Asamblea autónoma para esclarecer la trama de espionaje a altos cargos del Ayuntamiento y la Comunidad. No le ha bastado a Esperanza Aguirre con retrasar cerca de un mes el comienzo de los trabajos, rechazar 18 comparecencias, denegar la entrega de la mitad de los documentos solicitados por la oposición, establecer reglas de procedimiento injustificables e impedir que tomen la palabra las víctimas de los seguimientos; además, ha tenido que poner un colofón ignominioso clausurando la comisión a uña de caballo y por la puerta de atrás, al forzar la votación sobre las conclusiones el próximo miércoles y no el 31 de marzo como estaba previsto. Unas conclusiones, por cierto, aún por conocer, pero no desconocidas: desde el momento mismo en que se constituyó la comisión, Esperanza Aguirre dejó claro que su objeto no era investigar los hechos, sino obtener un sobreseimiento apresurado de las prácticas a las que recurre su Gobierno contra los disidentes de su propio partido. Y presuntamente con dinero público.

La presidenta imagina que este comportamiento es signo de la fuerza política que confiere un liderazgo incontestado y una mayoría absoluta. Se equivoca: lo único que lo hace posible es el abuso de poder y el desprecio hacia las instituciones, de manera que el liderazgo democrático se convierte en jefatura y la mayoría parlamentaria en complicidad política. Los diputados autonómicos del Partido Popular que se han prestado dócilmente a perpetrar este desafuero contra la Asamblea, contra los ciudadanos de Madrid y contra el espíritu del sistema constitucional han antepuesto la disciplina de un grupo político en entredicho al mandato que recibieron de las urnas. Ellos también, y no sólo los diputados de la oposición, están obligados a velar por la fortaleza de las instituciones, no a buscar mecanismos tortuosos para garantizar la impunidad de sus correligionarios y entorpecer el esclarecimiento de la verdad.

El desafuero político de Aguirre en la Asamblea de Madrid es, además, un desafío a la dirección del Partido Popular. A Mariano Rajoy le corresponde decidir si se coloca a la misma altura que los diputados populares de la Asamblea de Madrid, plegándose a la voluntad de una presidenta erigida en jefa de una comunidad autónoma y sumándose a la nómina de sus cómplices políticos o si mantiene la palabra que comprometió ante los ciudadanos sobre la necesidad de conocer quién ordenó el espionaje, qué personas lo llevaron a cabo y con qué fondos se financió. Los documentos que permitieron conocer el escándalo existen, y su contenido fue confirmado por las víctimas, y así lo reconoció Rajoy cuando decidió dejar en suspenso la investigación interna hasta comprobar el desarrollo de la comisión establecida en la Asamblea de Madrid. Ahora ya lo ha comprobado, y le corresponde decidir. Si consiente, la autoridad interna que parecía haber adquirido tras el resultado en Galicia quedará en entredicho de la peor manera imaginable: no por una derrota electoral que desactive los efectos políticos de aquella victoria, sino por el gesto caciquil de su más recalcitrante rival.

En este contexto de forzada parálisis política, la pasividad del fiscal que investiga el caso, Manuel Moix, resulta aún más inexplicable. La independencia de la justicia obliga a respetar sus ritmos. Pero el cierre vergonzante de la comisión de investigación en la Asamblea de Madrid hace recaer sobre sus hombros mucho más que la simple averiguación de unos hechos: la demostración de que el Estado de derecho sigue vigente en la comunidad que preside Esperanza Aguirre.