"No nos van a acobardar"

Mansur llegó a casa de Miguel Santiago con 15 años. "Vino en patera desde Marruecos y le soltaron en un bosque; cuando entró en casa escondía la cabeza detrás de la gorra de la vergüenza que sentía. En seguida me dio todo lo que tenía: un calendario y 10.000 pesetas", dice emocionado Santiago, profesor de instituto en Córdoba y ex presidente de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía. Santiago lleva 15 años abriendo su casa a sin papeles.

El comportamiento desinteresado de Santiago, que les ofrece habitación, comida y un lugar donde empadronarse para acceder a la sanidad y la educación, puede costarle una multa de entre 501 y 10.000 euros por cada uno si sale adelante el anteproyecto de reforma de la Ley de Extranjería, cuyo artículo 53 considera falta muy grave "la promoción de la permanencia irregular en España de un extranjero". Esto es, "cuando el extranjero dependa económicamente del infractor".

Una plataforma reúne firmas contra el cambio en la Ley de Extranjería

"La reforma es impensable en un Estado que se dice democrático y de Derecho", explica Santiago. "De Derecho tiene poco un sistema que penaliza la solidaridad, y qué democracia es ésa que no deja que personas responsables ejerzan su libertad y les prohíbe socorrer a los más necesitados", se pregunta el profesor. Félix Pantoja, fiscal del Tribunal Supremo, asevera: "Es un grave problema ético y social que España adopte una posición tan contraria a los Derechos Humanos, en la línea de la corriente de cierre de fronteras en Europa".

El manifiesto Salvemos la hospitalidad ha unido a un grupo de juristas, sacerdotes, artistas y otros profesionales en una plataforma por la modificación del anteproyecto, aprobado por el Consejo de Ministros el pasado diciembre y pendiente de debate en el Congreso. Piden incorporar al texto la necesidad de "ánimo de lucro" para que haya sanción y ya han recogido unas 3.500 firmas. "Porque esta norma vulnera un valor fundamental como es la solidaridad", afirma Julián Ríos, abogado y miembro de la plataforma.

El plato de cerámica que recibe en casa de Daniel Izuzquiza reza: "Ésta es nuestra casa, ésta es vuestra casa". La frase hecha es también la filosofía del hogar que el jesuita comparte en Madrid con otros tres curas y cuatro sin papeles. Izuzquiza no está nada asustado por la reforma que le convertiría en delincuente. "Tratan de asfixiar a la gente solidaria", expresa con rabia contenida, "y socialmente la reforma responde a una lógica peligrosa, porque esta gente está abocada a la marginalidad y la delincuencia". Como Daniel y Miguel, las personas y entidades que sin ánimo de lucro (Red Acoge, Cáritas, etc.) presten ayuda a inmigrantes serán puestas a la altura de las mafias que sacan provecho del drama de la inmigración clandestina.

Las ONG y las asociaciones religiosas serían el blanco principal de las sanciones. Antonio Cepeda, presidente de Red Acolle, afirma que tienen una "profunda preocupación" por lo que supone "una involución" en "la legislación de extranjería, ya de por sí poco abierta", y por las repercusiones que se pueden derivar "si se llega a verificar este despropósito". No obstante, desde la federación nacional de Red Acoge tienen la esperanza de que "se cambie el anteproyecto, aunque si no es así seguiríamos actuando igual".

Más que las multas parece asustar un posible efecto en la sociedad. "Un problema de la política migratoria es su efecto psicológico, el meterte el miedo en el cuerpo", explica Izuzquiza. "Se lanza un mensaje y la gente lo interioriza; pero es importante no caer en el miedo y batallar por espacios de libertad". El sacerdote afirma que si se modifica la ley "habría que plantear una campaña de desobediencia civil, de iniciativa ciudadana, retar a las autoridades reforzando y extendiendo el tejido solidario en el entorno".

Julián Ríos no está dispuesto a cambiar la opción de vida que escogió hace 20 años, "compartir lo mío con quienes lo necesiten". El guineano Babakar vive en su casa desde hace un año: "No sé qué haría si no hubiera conocido a Julián. En algunos albergues te dejan estar tres meses, pero después te quedas en la calle". Las entidades que dan cobijo a los inmigrantes recién llegados suelen tener un tiempo limitado de acogida, tras el cual, ni expulsados ni regularizados, se quedan en tierra de nadie y a expensas de la caridad.

La plataforma se reunirá con los distintos grupos políticos y presentará las firmas en el Congreso este mismo mes. De todas formas, Daniel, Julián, Miguel y las asociaciones seguirán actuando para que la solidaridad no deje de ser la esperanza de miles de sin papeles. "No me van a acobardar, voy a seguir luchando por la gente que lo necesita; iré a la cárcel si tengo que ir, no me lo van a prohibir, te lo digo desde mis entrañas", sentencia Santiago.