Correa facturó actos para Aguirre tras retirar una denuncia

La red corrupta que dirigía Francisco Correa mantuvo estrechas relaciones con el Gobierno de Esperanza Aguirre con posterioridad a 2004, cuando supuestamente fue vetada por la presidenta regional por órdenes del PP nacional. Pablo Crespo, uno de los jefes de la red, exigió en 2006 a un alto cargo del Gobierno madrileño el pago de deudas electorales del PP de Madrid. Incluso presentó una denuncia por impago contra Francisco Granados, secretario general del PP en la región, y que acabó retirando por temor a perder contratos de la Comunidad de Madrid. Aguirre nunca explicó públicamente el cese de su consejero de Deportes, Alberto López Viejo -acusado después por Garzón de cobro de sobornos-, pero filtró que había seguido contratando a la trama a sus espaldas desde 2004, cuando se destaparon irregularidades sobre Correa. A juzgar por los datos aportados a Garzón, López Viejo le ocultó que facturó al grupo del empresario investigado por el juez 3,2 millones de euros, más cinco millones de contrataciones irregulares que dejó pendientes de pago, y que en parte recaerían en empresas tapadera de la red.

Los asesores de la presidenta pactaban con las empresas detalles de eventos

Presidencia troceó en nueve contratos un acto para adjudicarlo a dedo

Pero hay varios hechos que impiden creer que Aguirre ignoraba que su Gobierno seguía contratando con la trama de Correa con posterioridad a 2004. Cargos de su gabinete y de su protocolo siguieron llamando con posterioridad a 2004 a Easy Concept con ocasión de cada acto institucional que les contrató López Viejo, fuera cual fuera la empresa escogida para facturarlo, según confirman testigos de dichas gestiones. Tales llamadas de miembros del equipo de Aguirre tenían un sencillo fin: la presidenta quería saber de primera mano el color escogido para el fondo del escenario del acto institucional con el fin de adecuar su vestimenta con un tono que combinara bien. Tales llamadas se sucedieron de 2004 a 2007.

Además, la presidenta madrileña tenía más vías para saber que su Gobierno seguía contratando a Correa tras su supuesto veto. Por ejemplo, antes de cerrar cada acto institucional que organizaba la trama, el jefe de gabinete de la consejería responsable del evento contactaba con la empresa de Correa concernida, según testigos. Debatían lemas, logos y otros detalles del acto. Y, además, Pedro Rodríguez Pendas, adscrito a Presidencia, coordinaba todo lo relativo al acto con la consejería pertinente, la empresa de Correa y, de haberlo, con el patrocinador.

Por tanto, existían múltiples vías para que Aguirre supiera la reiterada contratación de las mismas empresas que forman parte de la red corrupta, la repetición de las mismas directivas de Correa para negociar los actos y la coincidencia de direcciones y teléfonos para ultimar detalles.

Hay otro elemento que prueba que Aguirre distaba de haber cortado sus relaciones con la trama después de 2004. Según una grabación que obra en poder de este diario, en mayo de 2006, Pablo Crespo, ex secretario general del PP gallego e imputado como uno de los jefes de la trama, relata en una reunión celebrada en su oficina de la madrileña calle de Serrano que tiene dos frentes abiertos para cobrar una deuda que rondaba los 48.000 euros por actos electorales realizados para el PP de Madrid. Por un lado, había presentado una denuncia contra Francisco Granados, secretario general del partido en Madrid, por dicho presunto impago. Y, por otro, informaba a sus empleados de que "el otro día" llamó a Salvador Victoria, secretario del Gobierno de la Comunidad de Madrid. Explicó que le detalló que le habían pagado ya parte de la deuda, unos 20.000 euros, pero que aún quedaba pendiente una suma similar. Días más tarde, Crespo llamó a sus subordinados de la trama y les informó de que el resto del dinero se había pagado ya.

El juicio contra el PP por la deuda electoral con Correa nunca se celebró. Y la trama, aparentemente, cobró. Hubo personas dentro de la red que criticaron la demanda judicial por entender que perjudicaría futuras adjudicaciones del Gobierno de Aguirre. "Nos va a traer problemas. Hay que retirar la demanda. Hay que ceder para poder seguir", proclaman en las reuniones grabadas varios miembros de la red encargados de captar contratos del Gobierno madrileño.

Del reparto de pagos para actos institucionales en favor de la trama no se libró ni siquiera la Consejería de Presidencia. Sólo entre 2004 y 2007, dicho departamento facturó a la trama casi 220.000 euros, según documentación en poder de este diario. El informe elevado a Garzón supera tal cifra. Entre los múltiples actos abonados por dicha consejería figura uno de 2004 de homenaje a las víctimas del 11-M, adjudicado a Easy Concept. Fue troceado en nueve contratos en favor de la misma empresa y por un mismo acto para burlar la ley de contratos de administraciones públicas. Ninguno de los nueve contratos alcanzaba los 12.000 euros, lo que habría exigido su adjudicación por concurso. Los contratos alcanzaban montos de hasta 11.999 euros. Por un euro no era ilegal su adjudicación a dedo.

Pero cuando se ve al completo el trabajo facturado y difuminado, se hace evidente el truco: por un lado, se abonan los elementos del sonido; por otro, la iluminación de la tarima y la toma de vídeo; en tercer lugar, las escaleras del escenario; luego, el escenario del coro; una factura más para la lona con el rótulo "gracias a todos" y así sucesivamente se emiten facturas distintas por el nombre de los afectados, el vídeo conmemorativo, las flores y la moqueta y, por último, las sillas. Un solo acto, una misma empresa, nueve contratos. El coste total superó los 95.000 euros.