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La macroestafa de la miseria

Pobres y sin empleo, al menos 1.700 vecinos de una zona deprimida de Granada están implicados en un fraude de siete millones de euros a la Seguridad Social

Miguel, hombre de fe, Biblia en la estantería, asegura que el mayor pecado que puede cometer el hombre es matar. "Menos eso, hacer lo que sea para dar de comer a tu familia está permitido", dice mientras enseña una edición de bolsillo de las Escrituras. El piso de Miguel, con la cerradura rota, está en la quinta planta de unos edificios donde los portales también sirven para guardar caballos y gallos de pelea. Es el polígono de Almanjáyar, una zona al norte de Granada que esconde algunos de los barrios más deprimidos de Andalucía. Aquí, cientos de vecinos se han visto implicados en un fraude de más de siete millones de euros a la Seguridad Social orquestado por un empresario de la construcción que ofrecía, a cambio de dinero, contratos falsos para que los supuestos trabajadores pudieran después cobrar el paro.

Los imputados están desfilando de 100 en 100 ante el juez instructor

Son las dos de la tarde en el barrio de La Paz, pleno centro de Almanjáyar. Un puñado de jóvenes en paro, jubilados y camellos de poca monta se arremolinan en una esquina. Algunos fuman chocolate, juegan al ajedrez y al parchís encima de una caja de cartón. Un chico delgado, con los dientes picados, vende a buen precio unas gafas de marca. Con sus tatuajes de marinero, un hombre de barba blanca cuenta cómo es pasar media vida de cárcel en cárcel. Hasta hace poco se acercaban al lugar camionetas para llevarse currantes a la recogida de la aceituna. Ahora ni eso. Muchos de los presentes han tenido que ir a declarar estos días por el fraude o lo harán pronto. Reconocen que les llamó el dinero fácil. Sólo había que pagarle a un tipo con maletín, estampar una firma en un contrato laboral y esperar un tiempo hasta empezar a cobrar el desempleo. El hombre del maletín es uno de los suyos. Nadie pronuncia su nombre. "No hay cárceles para meternos a todos", dice uno, socarrón. "Éste era un dinero limpio, sin maldades ni asesinatos. Cobramos un dinerillo para salir de la miseria", añade otro. Un tercero, en paro y con cinco hijos, pregunta: "¿Qué quiere el juez que hagamos, que le robemos a él?".

En realidad, lo que quiere el juez encargado de la instrucción, José Luis Ruiz, es desentrañar un fraude que hasta el momento asciende a más de siete millones de euros. "No recuerdo una trama igual, tan grande", dice Ruiz sobre el caso, en el que a 1.700 personas se les imputan delitos de estafa y falsedad documental. El juez investiga desde diciembre las 14 empresas vinculadas al presunto cabecilla, Carlos Ignacio Artero, en prisión preventiva, y a uno de sus socios.

Los investigadores descubrieron que estas empresas iban acumulando deudas por impago a la Seguridad Social hasta que acababan dándose de baja. Sus falsos empleados cobraban mientras tanto el paro. La trama está repleta de testaferros con antecedentes penales, sociedades fantasma y domicilios falsos. "Ha sido una sangría de dinero. Tiene que haber más casos", dice el juez.

Los funcionarios de los juzgados de Granada no recuerdan nada parecido a la toma de declaración de los dos centenares de personas que han comparecido hasta el momento. Ante el juez desfilaron familias al completo y vecinos de toda la vida. Los imputados, muchos de Almanjáyar pero también de pueblos de la provincia como Pinos Puente, Chauchina o Atarfe, declaran de 100 en 100. El primer día los pasillos estuvieron atascados de nueve de la mañana a once de la noche. Los policías ayudaron en las declaraciones. Se repartían números, como en la cola de los supermercados. La mitad se negaron a declarar; la otra mitad no pudieron identificar el trabajo para el que fueron contratados. "Fue delirante", explican fuentes judiciales. "La empresa tenía contratadas a 20 personas para la reforma menor de un piso, por ejemplo", relata un testigo de los interrogatorios. "La mayoría no podía aclarar en qué fecha o dónde trabajaron. Sólo unos pocos hicieron trabajos concretos".

El abogado Jesús Huertas, que tiene tres clientes citados por el juez, no se imagina a mil personas sentadas en un banquillo. "Habrá que buscarle una salida normal a este caso. Cuando llegue el momento seguro que hay un recorte muy profundo de la gente que tiene que ir a juicio", vaticina. La policía también ha destapado una supuesta trama de obtención de permisos de residencia a través de estas empresas fantasma. Por el juzgado han pasado una veintena de marroquíes y ecuatorianos que temen perder sus papeles.

En el barrio también hay zonas sin delincuencia, con geranios en los balcones y niños bien vestidos. Pero la historia del tipo con el maletín que daba "duros a cuatro pesetas" tiene lugar en la otra cara, la de las fogatas en mitad de la calle y edificios derruidos donde entran forasteros a comprar droga. Y por esos lares Miguel camina de forma elegante. Saluda a todo el mundo. No se llama Miguel, es un nombre ficticio. Exigió el anonimato de una forma curiosa: "Tengo pasta y conozco a unos matones". Cuenta su historia, casi idéntica a la de los demás implicados. Un conocido le ofreció un contrato en una empresa de construcción a cambio de 1.200 euros. Un trato sencillo. Rápido. Pagaba por estar en nómina y meses después tenía derecho a cobrar el paro durante 20 meses. También le hizo un contrato a una prima y a un cuñado. "Empeñé joyas, pedí dinero prestado. Pero salía a cuenta", afirma. Ahora, quizá Miguel y los suyos dejen de percibir las ayudas. El abogado del Estado que representa a la Seguridad Social es partidario de paralizar las prestaciones para evitar que el perjuicio económico siga creciendo. El letrado teme que esta monumental instrucción se eternice por la gran cantidad de imputados y que las pagas, que suman 700.000 euros al mes, se sigan concediendo.

No hay futuro ni trabajo en Almanjáyar. Algunos vecinos se atrincheran para evitar los desalojos de unos pisos que fueron ocupados con una patada en la puerta. El estigma del barrio sigue creciendo. "Bienvenido a la miseria", reza un letrero en la fachada de un bloque de viviendas. Miguel quiere aclarar porqué cuenta su caso: "Necesito que se sepa que nos han engañado. A gente que no sabe ni leer ni escribir. Digo eso porque sino no me iría tranquilo a misa", afirma. Se ajusta su vistosa chaqueta y pone rumbo a la parroquia.

El 'caso Genil'

- Estafa masiva. Mil setecientos imputados en un fraude masivo a la Seguridad Social en Granada a través de empresas constructoras fantasma. Comenzó a principios de los años noventa.

- Falsos trabajos. Las empresas contrataban falsos trabajadores que pagaban por sus contratos algo más de 1.000 euros para poder cobrar después el paro. Las empresas investigadas no cotizaban los seguros sociales y han dejado un descubierto de 4,2 millones de euros. Se han concedido miles de prestaciones por desempleo indebidas.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 8 de marzo de 2009

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