El plan de estímulo económico de Obama encuentra fuertes resistencias

Barack Obama no ha conseguido aún que las simpatías que despierta entre la opinión pública se traduzcan en confianza por parte de los inversores a sus decisiones de gobierno. Aunque su popularidad crece en las encuestas, las dudas sobre su plan económico se extienden por Wall Street y los corredores de Washington, donde incluso demócratas moderados le están ofreciendo resistencia.

Un sondeo de NBC-Wall Street Journal confirma que Obama bate récords históricos de popularidad, con un 68% de apoyo a su persona y un 60% de aprobación de su gestión. Pero esas cifras chocan con una espectacular caída de cerca del 9% en el índice Dow Jones de la Bolsa de Nueva York desde que Obama presentó sus presupuestos, el jueves pasado.

Pese al leve respiro de ayer, los analistas no anticipan un inmediato resurgimiento del mercado de valores y atribuyen parte de la responsabilidad a la inquietud provocada por las decisiones del Gobierno, tanto para la estabilización del sistema financiero como por unos presupuestos que elevan el déficit de las cuentas públicas hasta 1,75 billones de dólares (1,38 billones de euros).

"Semana tras semana, los inversores observan el plan de estímulo, el plan de rescate bancario, los planes de rescate del sector inmobiliario... y encuentran poca o ninguna confianza en ellos", asegura James Pethokoukis, un prestigioso analista económico.

Por primera vez desde que las Bolsas empezaron a caer durante su gestión, Obama abordó el martes el tema, tratando de restarle importancia. "Los mercados son como las encuestas de los políticos; si te fijas demasiado en ellas pierden su propósito a largo plazo", dijo en una breve conferencia de prensa junto al primer ministro británico, Gordon Brown. "Yo no me fijo en las oscilaciones del día a día en los mercados, sino en la capacidad de EE UU y del mundo de recuperar el paso de su economía". Este mensaje ha sido interpretado tanto como una prueba de que el asunto sí que preocupa al presidente, como una llamada a la paciencia a Wall Street.

Eliminación de contratos

El presidente intenta convencer a los inversores de que su proyecto de masivas inversiones públicas está obligado por las circunstancias actuales y constituye sólo una parte de su filosofía económica. La otra parte es el equilibrio fiscal. Obama compareció ayer mismo para anunciar el ahorro de 40.000 millones de dólares anuales gracias a la eliminación de contratos de externalización de algunas de las funciones del Estado, especialmente en el Departamento de Defensa.

Pero el presidente va a tener que hacer mucho más que eso para ganarse la fe de los que ahora dudan de sus planes. "En el caso de Obama, sus palabras no concuerdan con sus actos. Sus labios dicen moderación, pero sus acciones dicen gasto, impuestos y expansión del Estado", escribía ayer el consultor político Tony Marsh.

Esa desconfianza está anidando de forma apreciable en el Congreso. El diario The Politico informaba ayer de que 14 senadores demócratas moderados están discutiendo una acción conjunta, quizá con el apoyo de republicanos de centro, para reducir considerablemente las inversiones previstas por la Casa Blanca.

"Queremos darle una oportunidad al presidente, pero estamos preocupados por las consecuencias que este presupuesto puede tener a largo plazo", advierte la senadora Mary Landrieu. Otro miembro de ese grupo, el influyente senador Evan Bayh, que fue considerado como posible vicepresidente, ha dicho a Obama que "antes de aumentar los impuestos deberíamos ver si hay formas para reducir los gastos".

Bayh criticó ayer la intención del presidente de firmar una ley de ampliación de los presupuestos de 2009 -la llamada "ley ómnibus", que trata de recoger todo lo que no estaba previsto en el presupuesto original-, pese a que incluye 8.000 millones de dólares en inversiones para lo que se entiende como intereses particulares, como una factoría de miel en Tejas o la investigación de la genética del mero en Alabama. Esas inversiones constituyen poco más del 2% de los más de 400.000 millones de dólares de esa ley, pero se han convertido en el último símbolo del instinto despilfarrador del Gobierno.