El Gobierno usará todas las armas contra las crisis de cajas y bancos

"El Gobierno está llamando a los bancos, a través de los responsables del Banco de España, para advertirles de que puede entrar en su capital. Si no hay crisis, ¿para qué quieren entrar en las entidades, para reforzarlas o para mangonearlas?", acusa sin sutilezas ni matices Cristóbal Montoro, portavoz de Economía del PP.

Responsables de algunas entidades financieras consideran que Montoro, con estas declaraciones públicas, quería pinchar un proyecto que impulsó una parte del Gobierno. En concreto, todos apuntan al ministro de Industria, Miguel Sebastián. Según fuentes populares, que corroboran otras de la banca, Sebastián es partidario de seguir el modelo de Sarkozy, que ha inyectado capital público, de forma obligatoria, a todas las entidades francesas, según su tamaño. Los bancos y las grandes cajas se oponen radicalmente a esta medida. Están convencidos que tras ella llegará el control estatal sobre la concesión de créditos. Sería como entrar en la cocina de las entidades y decidir el riesgo que se asume. La banca no olvida aquella frase de Sebastián: "Se nos acaba la paciencia con los bancos", tras acusarles de cerrar el grifo de los créditos.

El sector pide que se eche a los gestores que reciben ayudas públicas

Sin embargo, el Ministerio de Economía, dirigido por Pedro Solbes, afirma que es falso que se vaya a implantar capital público de forma obligada a todo el sector. "El plan es utilizar, en primer lugar, los Fondos de Garantía de Depósitos (FGD). Además, se pueden recapitalizar entidades con dinero público, sin olvidar las fusiones bajo la intervención y el control del Banco de España", comentan fuentes de Economía.

Es decir, se utilizará toda la artillería disponible contra las crisis que atraviesen las entidades financieras. El que se use una u otra arma "dependerá de cada caso" y de la situación general. El ministerio transmite tranquilidad: "En España no hay una crisis general del sistema financiero, como ocurre en otros países". No obstante, el propio vicepresidente del Gobierno advirtió, el lunes pasado, que el Gobierno "está preparado para intervenir", en referencia al sistema financiero español.

Las perspectivas oficiales (y sobre todo las no oficiales) hablan de un aumento del paro y de una caída del mercado inmobiliario que se traducirá, sin duda, en una angustiosa escalada de la morosidad. La relación es directa: cuantos más impagados hay, se necesitan más provisiones, lo que reduce los beneficios. Cuando las provisiones no son suficientes, las entidades entran en pérdidas y los morosos se comen el capital. Aquí es cuando empiezan los problemas de solvencia y llegan las intervenciones del Banco de España, como ocurrió con Banesto.

Las entidades financieras no pueden abrir la persiana si no tienen un nivel de capital del 8%. Antes de traspasar esa línea roja, el supervisor les pide un plan de viabilidad. Si éste no es convincente, el Banco de España las mete en la UVI para buscar una solución. Ese camino ya lo ha recorrido Caja Castilla-La Mancha, que negocia su fusión con Unicaja.

Salvo este caso, el resto del sector parece que aguanta, tras casi 20 meses de crisis, con más o menos goteras. Pero la clave es el factor tiempo. "No hay duda de que la banca española es solvente, pero si la crisis dura demasiado puede haber entidades más frágiles", ha reconocido con realismo Solbes.

El nivel de impagados todavía es bajo, cercano al 4%, pero crece a toda velocidad. Además, el incremento no va a ser homogéneo: habrá grandes diferencias en función del crédito inmobiliario. En algunos casos, como Caixa Catalunya, Caja Madrid o Caja Castilla-La Mancha, los créditos malos ya representan alrededor del 5% del total, con posibilidades de alcanzar el 9% este año. En otros, como el Santander, BBVA, Popular o La Caixa, las cifras de morosos están por debajo del 3% y podrían no cruzar el umbral del 4% este año.

En su comparecencia en el Congreso, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, gobernador del Banco de España, abrió la puerta a posibles recapitalizaciones y sostuvo que el FGD puede desempeñar un papel "importante" para sanear entidades. Sin embargo, el Fondo suma apenas 7.500 millones de euros y puede quedarse corto, sobre todo si quiebran entidades de tamaño medio. Las ayudas no saldrán gratis. Cuando se recapitalice una entidad, el Gobierno exigirá que se saneen los activos malos. Y cuando haya fusiones, la entidad resultante deberá tener la solvencia necesaria.

¿Qué pasará con los ejecutivos? Economía quita hierro a esa cuestión. "En Banesto había irregularidades que acabaron en un juicio, pero si no existen esos problemas, no hay por qué echar a los gestores". El sector discrepa abiertamente. "Si los malos gestores siguen en su puesto tras recibir ayuda del Gobierno, podrían perjudicar a las demás entidades". Ponen el ejemplo de una entidad zombi que, tras una inyección de capital, ofrezca grandes remuneraciones por los depósitos y créditos a bajo precio. "Eso debilitaría a los competidores sanos, provocaría un efecto dominó".