Patrullas ciudadanas
La última idea de Berlusconi para combatir la inseguridad criminaliza la inmigración
La tentación de gobernar al hilo de los sondeos de opinión es creciente en los sistemas representativos. Resulta más atrayente cuando, como le sucede a Silvio Berlusconi, se cabalga en la ola de la popularidad ciudadana. Y puede hacerse irresistible si, como es el caso de Italia, se carece de una oposición articulada, o más bien de cualquier oposición digna de tal nombre. El primer ministro italiano no se caracteriza por su respeto por las instituciones, pero con la descomposición del centro-izquierda y la dimisión de Walter Veltroni, Berlusconi y sus socios se sienten con las manos definitivamente libres.
Uno de los temas estrella del gobernante derechista italiano es la inseguridad ciudadana, real o percibida. Para combatirla ha llevado soldados a las calles de algunas ciudades. Y a esta inquietud responde la reciente aprobación del Gabinete, por vía de urgencia, de un decreto que endurece las medidas contra la violencia sexual y la inmigración ilegal. Su origen no es el aumento de los delitos sexuales en Italia, que se han reducido en torno a un 10% el año pasado, sino el encadenamiento de varios episodios de violación, atribuidos a inmigrantes, que han conmocionado a la opinión pública y han derivado en el asalto y apaleamiento de algunos de ellos, especialmente rumanos.
Las medidas gubernamentales, que harán sin sobresaltos su singladura parlamentaria dada la mayoría absoluta de Berlusconi, incrementan las penas por violación y prolongan el internamiento de los inmigrantes en los centros de identificación. Pero la más controvertida es la que permite la formación de patrullas ciudadanas -a petición de los alcaldes, a cargo de vecinos desarmados y voluntarios y coordinadas por los delegados del Gobierno- con la misión de avisar a la policía en caso necesario.
Las rondas son un viejo caballo de batalla de la xenófoba y recobrada Liga Norte, parte de la coalición en el poder. Asociaciones policiales han denunciado el riesgo de vigilantismo de una medida cuyo mayor peligro, sin embargo, es la inevitable criminalización implícita del inmigrante. La utilización interesada del binomio delincuencia-inmigración es, además de potencialmente explosiva, incompatible con un Estado democrático. Pero la serenidad y el rigor no es el fuerte de un Berlusconi que ha hecho del arrebato emotivo -véase el reciente caso de Eluana Englaro- una de sus marcas de fábrica como gobernante.
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