La conciencia laxa de los objetores
La semana pasada se publicaron en su integridad las sentencias dictadas el 11 de febrero por el Pleno de la Sala III del Supremo sobre la aceptación por el Tribunal Superior de Andalucía y la desestimación por el Tribunal Superior de Asturias (en tres ocasiones) de las peticiones de objeción de conciencia contra la materia Educación para la Ciudadanía (EpC) y los Derechos Humanos, Educación Ético-Cívica y Filosofía y Ciudadanía presentadas por padres de alumnos. La lectura de esas cuatro resoluciones pone de manifiesto la dudosa buena fe y la falta de honradez intelectual de la campaña lanzada por la Conferencia Episcopal y por el PP contra la incorporación a los planes de estudio de esas asignaturas obligatorias, utilizando además a los escolares, a sus padres y a sus profesores como carne de trinchera.
La Iglesia católica se resiste a perder su antiguo y rentable monopolio educativo
Esa ofensiva forma parte de una estrategia general de la Jerarquía Eclesiástica y de la derecha conservadora para exigir al Estado aconfesional de la Constitución de 1978 que subordine la moral de toda la sociedad española a los mandamientos religiosos obedecidos sólo por una parte de la ciudadanía. Durante el franquismo, el Concordato con la Santa Sede aseguró con siete candados la servidumbre de las costumbres y de la enseñanza a la doctrina vaticana. Las zonas de autonomía conquistadas tras el restablecimiento de la democracia en los ámbitos de la libertad sexual, divorcio, control de la natalidad, interrupción voluntaria del embarazo y matrimonio homosexual han encontrado la feroz resistencia de la Conferencia Episcopal. El terreno de la educación (en los aspectos financieros y de contenidos) ha sido también escenario de batallas campales de una Iglesia católica que se resiste a perder su antiguo y rentable monopolio educativo.
Pero una sociedad democrática que descansa sobre el pluralismo necesita un espacio ético común subyacente a los idearios sectoriales de los ciudadanos. Los derechos humanos garantizados por la Constitución expresan los valores que sirven de sustrato moral al sistema político. La beligerante actitud de la jerarquía eclesiástica contra esa ética compartida, independiente de la religión y subyacente a los derechos fundamentales, está en el trasfondo de la consigna dada a los padres de familia (que corrió como reguero de pólvora) para plantear la objeción de conciencia. Las sentencias dictadas por el Supremo cierran el camino a los casos aún pendientes de juicio. La objeción de conciencia ahora rechazada invocaba los artículos 16.1 (que ampara la libertad ideológica) y 27. 3 de la Constitución (que garantiza el derecho de los padres a que sus hijos reciban formación religiosa y moral acorde con sus convicciones). Según las sentencias, la nueva materia es ajustada a derecho: su obligatoriedad es un deber jurídico válido. La Constitución no otorga a la objeción de conciencia ante un deber jurídico la condición de derecho fundamental de alcance general; sólo la menciona a propósito del servicio militar. El reconocimiento de esa dispensa en el campo educativo es inexistente. Y los derechos de los padres sobre la educación de sus hijos se hallan limitados por los derechos del Estado sobre la materia amparados por los parágrafos 2 y 5 del artículo 27 de la Constitución.
Una pléyade de periodistas y tertulianos chistosos de profesión pretenden desacreditar la disciplina mediante chuscos paralelismos con el anterior régimen. Siempre obediente a sus asesores mediáticos, Esperanza Aguirre también descalificó EpC como versión socialista de la Formación del Espíritu Nacional franquista. Los objetores asturianos consideran los contenidos de la asignatura como adoctrinamiento ideológico propio de "los regímenes fascistas o marxistas-leninistas". Y quienes impusieron bajo el franquismo la obligatoriedad de la enseñanza de religión y defienden ahora la catequesis católica como asignatura del mismo rango que las matemáticas culpan a la nueva disciplina de tratar de imbuir en el alumnado los falsos valores del relativismo, el positivismo y la ideología de género. Sucede, sin embargo, que EpC, incorporada en 2007 a los planes de estudio, no es una herencia del franquismo -con el que convivió simbióticamente la Iglesia católica- sino una innovación pedagógica de los sistemas democráticos, patrocinada por la Recomendación de 2002 del Comité de Ministros del Consejo de Europa y por la Recomendación Conjunta del Parlamento de Europa y del Consejo de la UE de 2006.
