Marbella mantiene en puestos clave a cuatro altos cargos imputados

El Ayuntamiento de Marbella (Málaga) ha ratificado a cuatro altos cargos implicados en diferentes procedimientos -tres de ellos por malversación de capitales- para que sigan ocupando puestos clave en el Consistorio. La alcaldesa Ángeles Muñoz (PP) les ha reasignado mediante decreto a cuatro jefaturas, dos de ellas relacionadas con la delegación de Urbanismo. En este área trabajan Francisco Merino, responsable del área de Patrimonio y procesado en el caso Saqueo 2; y el jefe del área de Planeamiento urbanístico Federico Guardabrazos, implicado en un caso de fraude inmobiliario. La lista la completan el jefe de área de Parques y Jardines, Antonio Sarmiento implicado por dar el visto bueno a facturas por 139.000 euros de trabajos que nunca se realizaron; y el responsable de la unidad técnica de obras, Luis Ángel Maté, implicado en una causa por malversación relacionada con la construcción del chalé de la ex alcaldesa Marisol Yagüe.

El Consistorio ha retirado la acusación en 'Saqueo 2' contra el jefe de Patrimonio

Carlos Rubio, coordinador de Personal, explica que dan más importancia a la imputación de un empleado si lleva aparejada una detención. "Vemos la imputación como una garantía para el trabajador", dice.

"Te llaman bajo esta denominación para mirar por tus derechos", explica Rubio. Toda imputación lleva aparejada la apertura de un expediente disciplinario, que se mantiene en suspenso hasta que haya resolución judicial. En los casos de policías es distinto, porque se aplica el reglamento del Cuerpo Nacional de Policía, añade el coordinador.

Recientemente los tribunales de lo contencioso han obligado al Ayuntamiento a readmitir a cuatro policías locales a los que habían "suspendido de funciones" porque estaban imputados por omisión del deber de perseguir delitos. Sus detenciones se enmarcaron en una causa de corrupción policial relacionado con tráfico de drogas y prostitución, algo en lo que la edil de Seguridad Ciudadana, María Francisca Caracuel anunció "tolerancia cero" en repetidas ocasiones.

"El rasero no es igual para todos", critican fuentes sindicales. El ejemplo más evidente es del inspector Javier Martín, imputado en dos juzgados de Marbella -el número uno y el cuatro- por la desaparición de multas de tráfico en la época en la que Marisol Yagüe era alcaldesa con el Grupo Independiente Liberal (GIL). El mando cuenta con el apoyo de la concejal de Seguridad, que le tiene encomendada la gestión de la unidad de Atestados -encargada de tramitar las multas de tráfico-, la Academia de Policía Local, y la gestión de los servicios en los distritos marbellíes. Caracuel ha restado importancia a esta imputación señalando que los hechos investigados ocurrieron "hace mucho tiempo".

En el lado opuesto se encuentra el ex jefe de Policía Local, Rafael del Pozo, que ha sido apartado de su empleo en dos ocasiones por su implicación en caso Malaya. La última fue a finales de año. Del Pozo, también imputado por el caso de la sustracción de multas de tráfico, espera en su casa que se celebre el juicio.

En el Consistorio no ocultan que el panorama laboral es complicado. Insisten en que deben gobernar con la plantilla heredada y que toman decisiones para hacer la gestión lo más llevadera posible. El 20 de enero, aprobaron en Junta de Gobierno Local un complemento de productividad de 1.400 euros para uno de los altos cargos implicados, el topógrafo Federico Guardabrazo.

El técnico es uno de los que más poder acumula. Se encarga de la jefatura del área de Planeamiento y Gestión de la concejalía de Urbanismo; en la que se incluyen la unidad de Cartografía, los servicios jurídicos, y la gestión del personal técnico.

Su imputación por por delitos de estafa y receptación en un caso de fraude inmobiliario salió a la luz en noviembre de 2007. El caso está en manos del juzgado número 12 de Málaga. La alcaldesa Ángeles Muñoz le dio todo su apoyo. Defendió que los hechos por los que está imputado ocurrieron cuando estaba en excedencia, por lo que poco tenían que ver con su trabajo en el Ayuntamiento marbellí.

También se supo que el Consistorio concedió la compatibilidad para que asesorara por las tardes a promotores urbanísticos, algo que dejó de hacer meses después, según fuentes municipales.

Hace apenas dos semanas, el Consistorio hizo público que no acusará a Francisco Merino, otro de los alto cargos implicados, cuando se celebre el juicio por el caso Saqueo 2 en la Audiencia Nacional.

El actual responsable del área de Patrimonio, procesado por sus actuaciones como jefe del Servicio Técnico de Obras y Urbanismo, se enfrenta a una petición fiscal de seis años y nueve meses de prisión por malversación de caudales públicos.