El mapa valenciano de la trama

El sumario que instruye el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, en relación con una trama corrupta vinculada al PP, no sólo amenaza con implicar a altos cargos de la Generalitat. También ha puesto en tela de juicio la gestión de la política de grandes eventos del Consell y ha evidenciado la confusión que un buen número de altos cargos del Partido Popular tienen para distinguir su ámbito privado, del partidario y el institucional.

El presidente de la Generalitat, Francisco Camps, ha tenido siempre entre sus fijaciones dos ideas: transmitir imagen de proximidad y de honradez. Dos elementos con los que buscó desmarcarse de su predecesor, Eduardo Zaplana, que tuvo en su gobierno a Luis Fernando Cartagena, condenado a pena de prisión por un delito de malversación. Sin embargo, nadie ha explicado todavía por qué, la dirección regional del PP, que preside el propio Camps, contrató con Orange Market, la empresa que dirigía en Valencia, Álvaro Pérez, El Bigotes, y que forma parte de la trama que dirigía Francisco Correa. Un personaje del cual el PP nacional se deshizo al saber que reclamaba contratos en nombre del partido al poco de llegar Mariano Rajoy a la presidencia.

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Una grabación en la que se habla de los trajes implica a Camps en la trama

Garzón investiga si Álvaro Pérez intervino para tener facturas falsas

Orange Market forma parte de la trama que investiga el juez Garzón. Esta empresa era la principal organizadora de actos de la dirección regional del PP y se ocupaba, especialmente, de la escenografía donde intervenía Francisco Camps. También logró a partir de 2005 de forma ininterrumpida el concurso de la Generalitat para montar el pabellón de la Comunidad Valenciana en Fitur. Un concurso millonario al que hay que añadir otros contratos de empresas públicas e instituciones controladas por las Administraciones gobernadas por el PP, como Ràdio Televisió Valenciana y Feria Valencia. Al ámbito partidario e institucional, hay que sumar el privado, que hizo que el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, y parte de la cúpula regional del PP acudiese a las segundas nupcias de Álvaro Pérez hace ahora un año.

El juez Garzón ha investigado, al menos, el contenido de una grabación en la que una de las imputadas, la empresaria Felisa Jordán, se refiere al pago de una factura de trajes para Camps por importe de 30.000 euros en una sastrería de Madrid. Además, en las conversaciones grabadas se vincula a Álvaro Pérez y a las empresas de Correa con la celebración de grandes eventos como la visita del Papa a Valencia, la Copa del América o el gran premio de Fórmula 1.

El presidente de la Generalitat ha negado, desde que estallaron los primeros rumores, que ninguno de esos extremos fuese cierto. Al menos hasta ahora. El diario El Mundo asegura que, tras conocerse que el informe de la Fiscalía Anticorrupción implica al jefe del Consell en la trama, Camps admitió haber encargado trajes en la tienda de Milano en Madrid. Presidencia de la Generalitat, que insistió ayer en la rectitud de la actuación de Camps, confirmó que el jefe del Consell llegó a probarse los trajes en Milano y pidió que le realizasen varios arreglos, aunque finalmente optó por devolverlos.

"Álvaro Pérez nunca me ha pagado un traje", aseveró Camps. Según El Mundo, algunos de los encargos de sastrería investigados podrían haberse justificado en relación con la visita del Papa a Valencia en julio de 2006. El juez Garzón investiga si Correa estableció algún sistema para generar facturas falsas, defraudar a Hacienda y obtener dinero negro con el que sobornar a funcionario. En ese marco, se habría investigado también la relación de Álvaro Pérez con personal de Milano y otras sastrerías.

Dos elementos de lo conocido hasta ahora son especialmente llamativos. La estrecha relación de los dirigentes del PP con Álvaro Pérez y la confianza depositada en su empresa, de apenas media docena de trabajadores, para proyectos de gran magnitud.

La Generalitat insiste en que sólo contrató con Orange Market el pabellón de Fitur -a través de la Agencia Valenciana de Turismo- y la cabalgata de la regata Volvo Ocean Race por importe de 445.000 euros -desde la empresa pública Sociedad para la Imagen Estratégica y Promoción de la Comunidad Valenciana que dirige el vicepresidente Vicente Rambla-. Esta misma empresa adjudicó también contratos de miles de euros a distintas empresas en relación con la organización de eventos como la visita del Papa o la carrera de Fórmula 1. Beneficiarios de estas importantes ayudas, como Valmor Sports que organizaron la carrera de Fórmula 1 niegan que subcontratasen con Orange Market. En una de las grabaciones se afirma que esta empresa se va a encargar del montaje de las gradas.

La otra red valenciana vinculada a la trama que investiga Garzón es la relacionada con el empresario castellano-leonés José Luis Ulibarri, también imputado por sus relaciones con Correa. Ulibarri, a través de la firma Mediamed, ha obtenido directa, o indirectamente, 13 licencias de Televisión Digital Terrestre otorgadas por el Consell. Ulibarri también ha penetrado con fuerza en el sector inmobiliario a través del Grupo Begar, Ulibarri proyecta una urbanización con campo de golf en Xilxes, el hospital de Llíria y varias promociones de vivienda protegida y otra obra pública. En las grabaciones en poder de Garzón también se menciona al ex consejero Esteban González Pons.