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Tribuna:

El banco emisor

Al tiempo que el jefe de la patronal enarbola su programa máximo -abaratar despidos, eliminar la autorización de los ERE, bajar cotizaciones sociales y que las empresas despidan en un año a un millón de trabajadores más-, el gobernador del Banco de España ha entrado de lleno en el debate del empleo, y defendiendo posiciones ultraliberales. Lógicamente, ha suscitado la réplica inmediata, tanto del Gobierno como de los sindicatos, hasta el punto de que el propio Zapatero ha tachado sus declaraciones de "neoconservadoras". Porque, además, el gobernador ha situado sus comentarios en un marco conceptual que sorprende aún más tras el fracaso del modelo neoliberal y la actual crisis.

Los modelos de despido danés y austriaco se basan en Estados con un gran gasto social

Lo primero que afirma es valorar como "méritos propios" y "punto fuerte" de la economía española el "haber sido más audaces en la privatización" que otros países, haberla "hecho al 100%, lo cual es esencial para romper la relación entre empresas y Gobierno" y, gracias a ello, "tener un sector público reducido", más pequeño que el de otros países europeos. Es conocido que Miguel Ángel Fernández Ordóñez, el amigo MAFO, es un brillante ilustrado liberal, pero es al menos chocante que el gobernador del Banco de España nombrado por un Gobierno socialista apueste por un Estado reducido y débil, al tiempo que se felicita porque el Gobierno del PP privatizara totalmente el sector público empresarial, sin ni siquiera mencionar la adjudicación amiguista de las empresas privatizadas que hizo Aznar.

Sabemos que el neoliberalismo dominante desde los ochenta se basó en la triple obsesión de privatizar, flexibilizar el mercado de trabajo y desregularizar. Sus resultados los estamos sufriendo en la mayor crisis económica de la historia reciente. La idea de la máxima eficiencia de los agentes privados, sobre todo de los financieros, ha saltado por los aires y los Estados ahora se ven obligados a intervenir con ingentes cantidades de dinero en la banca y otros sectores. Pero el gobernador del Banco de España sigue elogiando las privatizaciones "más audaces" y rechazando el papel del Estado en la actividad económica, incluso concluyendo que entre las reformas pendientes se encuentra el "relanzamiento de las privatizaciones". ¿Queda todavía algo? ¿Quizás el ICO? ¿Tal vez la sanidad pública, como hace Esperanza Aguirre en Madrid?

En ese marco, el gobernador plantea su desacuerdo con la actual regulación de los costes del despido, que considera tiene como efecto desanimar la contratación de trabajadores, afirmación que no se sostiene, pues en España se realizan cada año más de 17 millones de contratos laborales y sólo entre 2004 y 2007, con las mismas normas reguladoras del despido que hoy, se crearon tres millones de empleos netos.

Pero lo más incoherente es su propuesta de copiar los modelos danés o austríaco. Ciertamente, en Dinamarca el despido es más flexible que en España y las empresas no tienen que abonar prácticamente indemnización (aunque deben dar un preaviso de tres meses), Pero los parados reciben una prestación de cerca del 100% de su salario durante un mínimo de cuatro años. Y es que no cabe tomar sólo un elemento del sistema, rechazando aquellos otros que lo sostienen. Porque el modelo danés se basa en un Estado fuerte, con una presión fiscal del 49% del PIB, frente al 36,7% de España; y un gasto social que alcanza el 30,1% (destinando el 5% a políticas activas de recolocación) a diferencia de España que es sólo del 20,8%. Además de una afiliación sindical del 80% de los trabajadores, que dificulta a los empresarios los despidos colectivos.

No se puede apostar por un Estado pequeño y débil, con un sector público reducido y un gasto social menor, y al mismo tiempo por un sistema de despido como el danés, que se fundamenta en un Estado fuerte. No cuadra.

Y lo mismo cabe decir del modelo austríaco, cuyo gasto social alcanza el 29,1% del PIB, nueve puntos más que España, y en el que las empresas capitalizan progresivamente la indemnización por despido a través de un fondo individual, semejante a un fondo de pensiones, del que puede disponer el trabajador cuando se queda sin empleo o se jubila. ¿Aceptarían los empresarios españoles una fórmula semejante, cuando aquí es casi imposible negociar colectivamente la creación de planes de pensiones de empleo?

Dos últimas reflexiones. La primera, que, en sus largas consideraciones sobre el mercado de trabajo, el gobernador no hace ninguna mención al diálogo social, marco político clave en el que debe situarse cualquier reforma futura. Quizás no es sensible a tal escenario, pero la opción del Gobierno socialista es en este punto muy clara. La segunda, que tratándose del Banco de España y siendo indiscutible que un factor clave en la destrucción de empleo viene siendo la restricción del crédito por parte de las entidades financieras, sorprende que nada dijera sobre ello, aunque su intervención fuera en unas jornadas sobre Cajas de Ahorro. Da la impresión de que, sea cual sea el momento del ciclo, el Banco de España siempre opina que es el mercado de trabajo el objeto a reformar, y, una vez más, para reducir derechos a los trabajadores.

Joaquín Leguina, entonces presidente de la Comunidad de Madrid, en cierta ocasión manifestó que el Banco de España era doblemente emisor. Hoy ya no emite moneda, pero sigue emitiendo ideología. Y por lo que vemos, de la dura.

Manuel de la Rocha Rubí es diputado socialista por Madrid.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 20 de febrero de 2009