Falta de convicción

El interés informativo del momento se centra en conocer el nombre del alto cargo de la Generalitat imputado en la trama de corrupción. Mientras crecen las especulaciones en espera de que el juez decida desvelarlo, el gobierno Camps busca defenderse y trata de aparentar tranquilidad. La situación, sin embargo, resulta más difícil cada día y las excusas menos convincentes. Camps habla de transparencia, pero su conducta le desmiente. Hoy está previsto que los socialistas acudan a la sede de la empresa dedicada a la promoción exterior de la Comunidad para solicitar su documentación. Es un viejo asunto del que probablemente no oiríamos hablar si el caso Orange Market no lo hubiera devuelto a la actualidad. Pese a que la Generalitat ha dicho que prestará su apoyo para entregar los documentos, todo el mundo da por hecho que esto no se producirá. El reglamento no lo permite, y la Generalitat es muy escrupulosa con los reglamentos; salvo que las circunstancias aconsejen lo contrario, claro está.

Hasta hace unos días, mantener en secreto los documentos beneficiaba a Francisco Camps; incluso parecía darle una cierta superioridad sobre la oposición. En las Cortes valencianas hemos visto casos similares que, con el tiempo, perdieron interés y acabaron por olvidarse en beneficio del Gobierno. Ha sido el desvelamiento de la trama de corrupción lo que ha dado una luz nueva al caso. Lo que podría haber sido un tema de despilfarro como los que cualquier gobierno produce a diario, se ha convertido en un interrogante sobre el destino del dinero. La duda ha tomado cuerpo y la prensa lo ha reflejado en sus artículos. Camps puede seguir afirmando que el Consell realiza un "trabajo transparente", pero cada día son menos los ciudadanos que creen al presidente.

El indudable interés que los asuntos relativos a la corrupción despiertan entre la opinión pública, ha relegado otros hechos de importancia a un segundo plano. Es lo que ha ocurrido con el Informe Auken sobre el urbanismo español, que acaba de discutirse en Bruselas. El resultado no ha podido ser peor para nuestros intereses. Los esfuerzos de los diputados del PSOE y del Partido Popular para suavizar la redacción del documento no han dado ningún fruto; el informe fue aprobado por una amplia mayoría. Ahora, hay que esperar la votación que se celebrará en la sesión plenaria de la Eurocámara, el próximo mes de marzo. El urbanismo español puede verse por tercera vez en la picota.

Lo ocurrido es otra mala noticia para el Gobierno de Francisco Camps, pues rompe su estrategia de culpar a los socialistas de los problemas del urbanismo valenciano. No es el PSPV sino los partidos europeos quienes censuran y rechazan la política que aquí hemos practicado. ¿A quien responsabilizaremos ahora de nuestros problemas? Una nueva condena del parlamento europeo tendrá importantes repercusiones sobre el futuro económico de la Comunidad Valenciana. Podemos desatender las recomendaciones de Bruselas y -en cuanto pase la crisis- continuar construyendo como hasta ahora, pero esta conducta no evitará que la censura llegue a los oídos de los europeos. Las alusiones del Informe Auken a la inseguridad de nuestras leyes y a la corrupción no son una buena carta de recomendación para quien piensa comprar una vivienda. Vicente Rambla y la Sociedad Gestora para la Imagen Estratégica y Promocional de la Comunidad Valenciana tienen una buena ocasión para emplearse a fondo.