Ayuda insuficiente, pero ayuda

Javier tiene 33 años y está postrado en cama. Tenía 14 cuando comenzó a quejarse de un fuerte dolor en el ojo tras una revisión escolar. Un angioma venoso alojado en su cerebro le obligó a aparcar su moto y le fue restando vida. Desde hace años ni habla ni oye. Apenas puede ver y sufre una severa parálisis que afecta a casi todo su cuerpo. Con una sola mano saluda y hace gestos para indicar que tiene frío.

Una máquina lo alimenta y otra le permite respirar. Sus padres, Carmen Díaz y Manolo Rivas, viven para él. "Nos gastamos lo que teníamos y lo que pedimos", cuenta su padre, mientras relata un largo periplo médico que los llevó hasta una clínica de Estados Unidos en busca de un milagro que no llegó.

Para Vicepresidencia, Javier es un gran dependiente de grado III y nivel 2. La calificación más grave en la escala de la Administración. Carmen, su madre, es la cuidadora principal. Se ocupa de él día y noche y no quiere ni oír hablar de internarlo en un centro. Cada mes percibe algo más de 300 euros y cotiza a la Seguridad Social. "Para mí trabajar en otra cosa sería impensable", explica. La familia de Javier fue la primera en cobrar las ayudas de la Xunta tramitadas por la oficina municipal de Ferrol. "Las cuantías son pequeñas, pero es mejor que nada", admite Carmen. Cuenta que recibieron la Ley de Dependencia con "mucha ilusión y casi con miedo a que no saliera adelante". "Para mí fue un gran alivio, aunque no es suficiente", señala. Reconoce que a menudo la burocracia se alarga, pero reprocha a quienes critican la ley "que ellos no la hicieron". Espera acogerse al "respiro familiar" gratuito que ofrecen los servicios sociales, para que una persona cualificada la sustituya alguna vez, si tiene que "salir al médico". La oficina de Dependencia del ayuntamiento ferrolano tramitó 1.267 solicitudes desde 2007, algunas en "tiempo récord", señala la edil socialista Beatriz Sestayo. Desde las filas del PP sostienen que 45 personas fallecieron aguardando las ayudas de la Xunta, que todavía reclaman otras 700 personas.

"Muchas veces los que más se quejan no son los casos más urgentes. Los expedientes tienen su orden", asegura una trabajadora social. En el barrio de Caranza vive María Lage, de 97 años. Su marido, Benjamín, se ocupa de ella permanentemente y asegura que lleva dos años esperando una ayuda que no llega. De la mano del PP, llevó sus quejas a los periódicos y su caso, paradigma de otros tantos, desató una guerra de informes entre Vicepresidencia y el municipio con un trasfondo más partidista que social.