Una revolución social a medias

En una comunidad con 772.200 mayores de 60 años, la cuarta pata del Estado del bienestar a menudo se convierte en la primera. Satisfechas las necesidades básicas en educación, sanidad y las prestaciones por jubilación o desempleo, el bipartito heredó un país envejecido y sin política social definida más allá de los convenios firmados con un puñado de asociaciones concretas. "Y eso que el presidente [Manuel Fraga] era del gremio" ironiza estos días en los mítines el vicepresidente Anxo Quintana.

En sus tres años y medio de gestión, Vicepresidencia intentó sentar las bases de un servicio gallego que integre residencias, centros de día y espacios para enfermos de Alzheimer. Las plazas para mayores se incrementaron en 1.200 hasta las 6.700 y 30 comarcas contarán en unos meses con centros de día. Un servicio de transporte adaptado, "pionero en el mundo", según repite la Xunta, ha repartido 44 vehículos por 130 ayuntamientos para facilitar los desplazamientos a 22.000 personas. Surgieron las galescolas, 84, con 3.916 plazas, en medio de la polémica de si a los niños de 0 a 3 años se les iba a enseñar el himno gallego.

Y en marzo entrará en vigor la ley que crea la tarjeta social, similar a la sanitaria, que asignará a cada gallego un profesional de referencia, una especie de médico de cabecera, que atienda problemas como la violencia sexista, relativos a la infancia o a cualquier otro caso que requiera la intervención de los servicios sociales. "El DNI gallego", se felicitó en su día Quintana.

Tanto eslogan, la selección de personal en el Consorcio de Servicios Sociais, descalificada por los sindicatos, y la continuidad de las fiestas de mayores que ahora anima Superpiñeiro, propiciaron que el PP denunciase "el clientelismo y la utilización partidista de la tercera edad".

"Hubo importantes cambios legislativos, pero faltan medios y personal. Harán falta cientos de profesionales para que las declaraciones de intenciones de las leyes tengan efectos reales. Pero se avanza: antes los centros de día eran cosa de las ciudades y ahora se abren en el rural donde tanto se necesitan", defiende María José Redondas, presidenta del Colegio Oficial de Trabajadores Sociales.

Las carencias se notan en la lucha contra la violencia machista, que sigue contando con plantillas exiguas. Como ejemplo, la provincia de Lugo donde, después de que los gobiernos central y autonómico aprobasen sendas normas, un sólo técnico atiende la oficina de información a las víctimas en los juzgados de toda la provincia. Durante el año pasado, la violencia machista segó la vida de seis mujeres.

Con todo, la mayor revolución llegó de una ley estatal a la que le cuesta arrancar pero que ha facilitado un poco más la vida a 50.477 dependientes y a otras tantas familias. Desde los colectivos afectados, se reclama mayor agilidad a las administraciones, y un cambio de baremo, que suavice las condiciones para el acceso de las personas con discapacidad mental.

Ninguna ley o institución logró atajar el brote racista que explotó a mitad de legislatura, y que mantiene la tensión entre payos y gitanos en dos barrios de A Coruña y Pontevedra.