Cargo de confianza del anterior alcalde majariego

La policía también visitó el Ayuntamiento de Majadahonda ayer por la mañana. No en vano. María del Carmen Rodríguez Quijano, detenida en la operación contra la corrupción, desempeñó un papel relevante en la localidad, mientras gobernó Guillermo Ortega, entre mayo de 2001 y febrero de 2005. Primero fue asesora y después Ortega la nombró jefa de su gabinete. También es miembro de la Asamblea General de Caja Madrid nombrada por el Consistorio majariego. Desde su puesto municipal ejercía un gran poder sobre las decisiones del Ayuntamiento. Fue en esa época cuando el equipo de gobierno contrató con Special Events diferentes trabajos.

Rodríguez fue administradora única de esta empresa hasta el 20 de noviembre de 2001. En ese año Special Events elaboró un vídeo promocional para el Ayuntamiento, por el que se pagaron más de 55.000 euros. La concejal del grupo centrista, Mercedes Pedreira, denunció en los plenos que se encargaban a esta empresa "trabajos peregrinos". Como ejemplo la elaboración de discos compactos y fotocopias que hacía la empresa por las que se pagaron facturas de hasta 87.000 euros. "¿Es que en el Ayuntamiento no se podían hacer fotocopias?", se pregunta.

El Consistorio encargaba a Special Events hasta fotocopias

Las relaciones entre Ortega y sus concejales se fueron deteriorando. Las acusaciones mutuas desembocaron en una crisis y un escándalo urbanístico por la venta de dos parcelas municipales. Ortega perdió el pulso y dimitió en febrero de 2005. "Desde ese momento, no existe ninguna relación con esas empresas", afirma con alivio el alcalde actual, Narciso de Foxá. "Incluso rescindí el contrato con la sociedad a la que se le había adjudicado la Oficina de Atención al Ciudadano", añade.

Antes de dimitir Ortega, el Ayuntamiento adjudicó el desarrollo de la Oficina de Atención al Ciudadano a la empresa Technology Consulting Management, también investigada por Garzón y de la que es administrador único Pablo Crespo Sabaris, detenido en la operación.

"El propio secretario de la organización consideró entonces que había anomalías en el pliego de condiciones técnicas de dicha firma: no estaban concretadas las necesidades administrativas, ni su ejecución podía recaer en manos privadas", explica la edil centrista.