La presión urbanística ha esquilmado 26 acuíferos

Un informe hídrico de Acció Ecologista-Agró revela que en la Comunidad Valenciana existen 26 masas de agua subterránea en el ámbito de la Confederación Hidrográfica del Júcar que sufren un intenso grado de sobreexplotación y se encuentran en un "riesgo muy alto" de incumplir los objetivos medioambientales que fija la directiva marco del agua de la Unión Europea. Según los ecologistas, en esos acuíferos se producen "bombeos superiores a los recursos disponibles que se realizan a costa de los volúmenes medioambientales", imprescindibles para su supervivencia.

El abastecimiento a poblaciones que han desarrollado importantes planes urbanísticos en los últimos años, el riego para explotaciones agrícolas (sobre todo cítricos, aunque también frutales y olivos), el aprovechamiento de caudales para usos industriales y el riego de jardines y zonas verdes en enclaves turísticos son los factores de la sobreexplotación.

Según el informe, las masas de las sierras de Castellar y Crevillent son las más afectadas. No obstante, también se hallan sobreexplotadas las de las planas de Vinaròs, Castelló y Sagunt, Medio Palancia, Llíria-Casinos, Mancha Oriental, Buñol-Cheste, sierra de la Olivia, Cuchillo-Moratilla, Rocín, Villena-Beneixama, Oliva-Pego, Ondara-Dénia, Sierra de Lacera, Peñarrubia, Hoya de Castalla, Serrella, Xàbia, Salines, Maigmó, Agost y las sierras del Cid, Reclot y Argallet.

Agró ha realizado el estudio sobre la base de los boletines oficiales de las provincias de Castellón, Valencia y Alicante que han publicado documentos de la Confederación Hidrográfica del Júcar, tanto de las concesiones de caudales como de los anuncios de información pública de los mismos, entre el 1 de enero de 2000 y el 15 de noviembre de 2008. Y los resultados no son nada halagüeños, toda vez que los autores del informe creen que la explotación de las masas de agua aún podría ser mayor debido a una serie de anomalías en la tramitación que "esconderían" extracciones más importantes.

Agró destaca que en los anuncios de concesión de los pozos no se publica la unidad hidrogeológica de la extracción o que no van acompañados de información pública. De hecho, un examen de las cartografías del Ministerio de Agricultura y la Consejería de Medio Ambiente demostraría que existen parcelas que están bombeando caudales si autorización oficial.