Es la hora de la justicia
Abundan en los últimos días y semanas artículos de opinión, editoriales y noticias que no dejan en buen lugar a la justicia ni a los jueces. La justicia no resulta simpática, como en general ningún poder. Pero menos aún cuando los titulares de ese poder, los jueces, no somos elegidos democráticamente. Cualquier poder legitimado por la elección ciudadana encuentra siempre cierta complicidad en los electores, que, entiendo, deriva de una responsabilidad compartida, pues los electores con su elección y los elegidos con su gestión contribuyen, en distinto plano y con diferente responsabilidad, al resultado final.
Con los jueces no sucede así. Los jueces no estamos legitimados por nuestro origen, sino por el ejercicio del poder que nos ha sido conferido: valemos tanto como nuestras resoluciones. Cuando estas son irracionales o arbitrarias, la legitimidad de los jueces se resiente; y cuando no se ejerce la jurisdicción, aunque sea temporalmente con ocasión de una huelga o paro, desaparece. Sin embargo, los acontecimientos desencadenados a raíz de las protestas judiciales nos enfrentan a un nuevo escenario, ajeno a nuestra labor, donde carecemos además de referencias claras.
El 'caso Tirado' no hizo sino avivar un malestar que ya existía en la carrera judicial
Debemos ser prudentes en lo que pedimos y, sobre todo, en hasta dónde llegamos para conseguirlo
Las reivindicaciones públicas y las amenazas de huelgas y paros nos conducen a un contexto, el reivindicativo, donde las reglas de juego son otras. Por esa razón, debemos ser prudentes en lo que pedimos y en cómo lo pedimos; y sobre todo, en hasta dónde estamos dispuestos a llegar para conseguirlo. En caso contrario, corremos un serio riesgo de perder el prestigio y reconocimiento social que aún nos queda.
Lo justo y razonable de nuestras peticiones se puede ver enturbiado en la confrontación política y mediática. Aquí no estamos investidos de autoridad ni legal ni moral, y por eso nuestros argumentos, y sobre todo, la forma de defenderlos, deben ser exquisitos. Intentaré exponer algunos de ellos.
1.- La tutela de los derechos de los ciudadanos, para ser efectiva, no meramente formal, debe contar con una adecuada infraestructura material y personal que permita servir de soporte al ejercicio diario de la función jurisdiccional. Los demás poderes públicos no pueden eludir su responsabilidad.
Toda la energía empleada para proponer cambios legislativos de dudosa eficacia, a golpe de titular y al calor de desgraciados sucesos, debería canalizarse en articular e implementar a corto plazo medidas de refuerzo inmediatas en los juzgados más colapsados, sobre todo en aquellas jurisdicciones especialmente sensibles a los derechos fundamentales, como lo es la penal. Jurisdicción esta, además, donde las tensiones y las desigualdades sociales afloran con mayor intensidad sobre todo en épocas de crisis. La falta de medios adecuados, o la errática organización de los mismos, condiciona seriamente el ejercicio del Poder Judicial, y con ello la consecución del Estado constitucional, más que una eventual huelga de jueces.
2.- Las comunidades autónomas con competencias transferidas en materia de justicia deberían implicarse decididamente en la solución de los problemas y no tratar de echar balones fuera (al Ministerio de Justicia, al Consejo General del Poder Judicial). Al ciudadano le preocupa que los juzgados funcionen, y lo que preocupa al ciudadano debe ocupar a los responsables públicos, sean estatales o autonómicos. La descentralización que conlleva el Estado autonómico debe servir para acercar a los ciudadanos los núcleos de decisión y de responsabilidad, mejorando así la eficacia en la respuesta, pero no para crear compartimentos estancos donde cada administración defiende de forma numantina sus competencias. Esto es fuente de descoordinación, sumamente grave cuando afecta al ejercicio de un poder de ámbito nacional.
3.- Para criticar la iniciativa de los jueces se repite hasta la saciedad que la protesta es corporativa, pues surgió a raíz del caso Tirado y, además, se centra en reivindicaciones salariales, impropias en tiempos de crisis. El caso Tirado no hizo sino avivar un malestar que ya existía en la carrera judicial, debido a la falta de medios y al paulatino incremento de la carga de trabajo. Las intolerables e impúdicas injerencias que protagonizaron destacados miembros del poder ejecutivo tratando de condicionar la actuación disciplinaria del CGPJ fueron la gota que colmó el vaso.
En cuanto al tema retributivo, no hay más que leer el comunicado suscrito por las cuatro asociaciones judiciales para apreciar que las reivindicaciones se centran en una mejora global del servicio público de la justicia. Las mejoras retributivas aparecen en último lugar, como recordatorio de la obligación legal contenida en la Ley de Retribuciones del año 2003 de negociarlas cada cinco años. Es falso, y el ministerio lo sabe, que nuestras retribuciones hayan aumentado un 5% el último año. Los jueces y magistrados no hemos visto aumentado nuestro salario por encima del resto de los funcionarios, sino que se nos ha reconocido un derecho del que los demás funcionarios ya disfrutaban y es que en las pagas extraordinarias se incluyera el complemento de destino para así equipararlas a las pagas ordinarias, acabando así con una discriminación injustificada.
Es hora de ponernos todos a trabajar, dejar la retórica incendiaria a un lado y aunar esfuerzos, todos, para que los ciudadanos tengan la justicia que se merecen.
Pablo Surroca Casas es magistrado y miembro del secretariado de la asociación judicial Jueces para la Democracia.
