La red concertada pide 150 millones más para poder equipararse a la pública

Las principales asociaciones que representan a la red concertada de enseñanza evaluaron ayer como "un paso en la buena dirección" la decisión aprobada por el Ejecutivo el martes de asignarle 14,1 millones de euros para extender a sus centros las figuras de tutor, orientador y consultor, ya presentes en los colegios públicos. Sin embargo, estos centros desean un pacto "más ambicioso". Los representantes de Kristau Eskola (centros católicos), Partaide Ikastolak, Eusko Ikastola Batza y la Asociación Independiente de Centros de Enseñanza estimaron en una rueda de prensa en Bilbao que la red concertada necesita sumar 150 millones de euros más a los 550 millones que ya reciben de la Administración para equipararse a la red pública. Ese dinero serviría para "aminorar el coste real" que ya soportan sus centros, precisando que el Gobierno da un euro a la concertada por cada tres que concede a la pública.

Las asociaciones celebraron que la decisión del Ejecutivo tenga en cuenta retos como la euskaldunización y el plurilingüismo, la gestión de la pluralidad o los que plantea la FP. Y destacaron que confirma la necesidad de actualizar los criterios de concertación, tanto respecto al compromiso social como a la financiación. La red concertada aspira a una financiación total que la equipare a la pública. El tripartito comulga con ese deseo, pero no ha tenido tiempo para materializarlo por ley en la legislatura recién concluida y ha aprobado el acuerdo de financiación como un primer paso "inaplazable".

Los responsables de las cuatro entidades confiaron en que dicho proceso se mantenga sea el que sea el partido que se haga cargo de Educación tras las eleccionesabogaron por desarrollar una ley del sistema educativo no universitario que aportaría "respuestas renovadoras, creativas y constructivas".

Las patronales consideran ilógica e improcedente la decisión de los sindicatos STEE y ELA de convocar huelgas docentes para la semana entrante, pues, desde su punto de vista, el acuerdo con Educación mejora las condiciones laborales e incluye "una significativa reducción de horas lectivas". STEE cuestionó esos avances.

[El PP registró ayer una proposición no de ley en la Diputación Permanente en la que reclama la derogación del decreto aprobado el martes por el tripartito que fija que el euskera sea la lengua principal en el Bachillerato. Los populares consideran esa "imposición" contraria a la legislación vigente].