Costas menos protegidas

Tras el anuncio de la reforma de la Ley de Extranjería, la revisión de algunas políticas desarrolladas durante la anterior legislatura ha llegado a Medio Ambiente. El Gobierno ha decidido suavizar la aplicación de la Ley de Costas a través de la reforma de la Ley de Navegación Marítima. La principal modificación consiste en autorizar la compraventa de inmuebles construidos en dominio público. Se mantiene, sin embargo, la concesión de 30 años establecida en la normativa anterior y avalada por una sentencia del Tribunal Constitucional de 1991.

El Ministerio de Medio Ambiente dirigido por Cristina Narbona, ahora integrado en el de Agricultura, no endureció la Ley de Costas, aprobada en 1988, sino que intentó garantizar su cumplimiento impulsando la delimitación del dominio público en el litoral. Las limitaciones a la compraventa de las viviendas en situación irregular, unas 45.000 en la Península y las islas, impulsaban los precios a la baja y, por tanto, favorecían la recuperación del dominio público por parte del Estado. Con la nueva normativa, la Administración se reserva un derecho de tanteo durante tres meses al expirar la concesión de 30 años, pero se arriesga a afrontar precios más altos en el momento de la expropiación, haciéndola inviable por razones presupuestarias.

Este cambio en apariencia menor, y llevado a cabo mediante un atajo legislativo, puede significar, en la práctica, la convalidación de los desastres urbanísticos perpetrados desde que comenzó el auge turístico y acentuados durante la fiebre inmobiliaria de la última década. En el ánimo del Gobierno parecen haber pesado las presiones de los propietarios, muchos de ellos británicos y alemanes que han contado con el apoyo de sus embajadas.

Si existían razones de fondo para llevar a cabo este giro en materia medioambiental, el Gobierno tendría que haberlas explicado y haber obrado en consecuencia, reformando la Ley de Costas y no recurriendo a la modificación de la Ley de Navegación Marítima. Son muchos los intereses públicos y particulares afectados por este cambio, que contradice en parte el compromiso con el medio ambiente expresado por el Gobierno. Puede que en esta legislatura haya querido reordenar sus prioridades, pero esa decisión exigía un esfuerzo de explicación y de transparencia que en este caso redundaría, además, en una mayor seguridad jurídica.