El Gobierno catalán no ha recuperado ni un euro del fiasco de Lauren

Lauren se ha convertido en una película interminable y, sobre todo, muy cara para las arcas de la Generalitat y, en especial, para las del Departamento de Cultura.

El grupo de distribución y exhibición cinematográfica de Antoni Llorens, que suspendió pagos (hoy concurso de acreedores) en 2004 con una deuda de 137 millones de euros, continúa en funcionamiento, mantiene activos 11 cines multisalas y, con la supervisión de dos administradores para las decisiones estratégicas de la compañía, mantiene al frente de la gestión al propio Llorens, que recientemente recibió el reconocimiento de la asociación Productors Audiovisuals de Catalunya. Sin embargo, el Gobierno catalán no ha recuperado ni solo un euro de los préstamos millonarios que concedió a la empresa en la última legislatura en que gobernó CiU, a través del público Instituto Catalán de Finanzas (ICF), y con el aval del propio Departamento de Cultura en caso de impago, según explicó el Ejecutivo catalán en una pregunta parlamentaria del PP de Cataluña y según confirma también el propio ICF.

No sólo eso. El departamento de Joan Manuel Tresserras ha tenido que asumir, en calidad de avalador, el pago de 15,36 millones de euros de capital y 4,76 millones más en intereses pendientes de devolución. Y tiene de tiempo para hacerlo hasta el año 2016.

Por un acuerdo de gobierno firmado el 14 de diciembre de 2004, el Instituto Catalán de Industrias Culturales (ICIC) debe destinar -por magros que estén los presupuestos de la Generalitat- una cuantía anual a responder por un préstamo que en su día los socialistas consideraron una subvención encubierta. Según la última respuesta parlamentaria de la Generalitat a la diputada Carina Mejías, por ahora Cultura sólo ha devuelto, en cantidades crecientes, un total de 3,5 millones de euros: el primer año tras el concurso de acreedores de Lauren, 2005, 577.051,40 euros; el segundo, 777.051,40; el tercero, 977.51,40 y, el año pasado, 1.177.051,40 euros.

Por las condiciones del préstamo, en caso de impago, el Instituto Catalán de Finanzas (ICF) tenía derecho a tomar como prenda todas las acciones de Lauren si no le devolvía los cinco millones, y luego ampliados a 15, concedidos al empresario entre agosto y septiembre de 2003. "No tenía sentido ejecutar el crédito cuando algo deja de tener valor y está bajo intervención", explica la entidad de crédito público de la Generalitat, que añade que, además, los ingresos tendrían que repartirse con los otros bancos acreedores.

A la espera de un convenio de acreedores que, según el Gobierno catalán, Llorens "no parece tener prisa por promover" y mientras los bancos acechan a sus edificios de propiedad porque están hipotecados, el ICF podría por lo menos sacar tajada de los derechos de cobro de un rendimiento sobre las películas sobre los que había un contrato de distribución.

Pero ni por éstas: el Instituto que dirige José María Ayala y preside Andreu Morillas no ha visto un céntimo por este concepto, a raíz de un litigio entre Lauren -que en su día introdujo en España algunos títulos de Woody Allen y éxitos en taquilla como Cinema Paradiso- y el grupo Miramax. Desde Cultura también se ha estudiado la posibilidad de rentabilizar de alguna manera lo gastado, pero, reconocen fuentes del departamento, "está muy difícil".