La Audiencia ve ilegal la ampliación del puerto de Mutriku
Ordena reabrir el caso y aprecia indicios de un delito de prevaricación
La denuncia por supuesto delito ecológico en las obras de ampliación del puerto de Mutriku deberá seguir investigándose. La Audiencia de Guipúzcoa ha ordenado reabrir la causa, archivada en 2007 por un juzgado de Eibar, y al delito ecológico agrega otro posible de prevaricación medioambiental, por la concesión de permisos para las obras (tramitados por el Gobierno vasco y el Ayuntamiento de Mutriku) sin la preceptiva declaración de impacto ambiental.
Este pleito se remonta a 2006, cuando la plataforma de Mutriku Hobetu Leike interpuso una querella criminal en la que acusaba a las constructoras de acometer las obras sin la evaluación de impacto ambiental. La denuncia señala que sólo existe declaración de impacto para el proyecto de mejora de acceso al puerto y no en el caso de otras actuaciones, como la alteración de la playa, los rellenos, la ampliación del dique y las instalaciones para una planta de energía eléctrica por olas.
El auto avala que se amplíen las imputaciones a dos consejerías
El auto de la Audiencia, fechado el pasado 19 de diciembre, asume la petición de la Fiscalía guipuzcoana que, en septiembre pasado, pidió reabrir el caso. La Audiencia censura la decisión del Juzgado de Instrucción número 2 de Éibar de decretar el archivo de la causa sin haber practicado ninguna de las pruebas solicitadas, como un informe pedido al catedrático de la Universidad del País Vasco (UPV) José María Gorostiaga sobre las afecciones a los fondos marinos.
El auto incluye el argumento de los denunciantes de que de las ocho actuaciones previstas en el plan de ampliación "sólo tres se habían sometido a la evaluación de impacto ambienta,l cuando deberían haberse sometido todas". Añade que, además de infringir la normativa sobre la evaluación de impacto, se incumpliría la ley vasca de Medio Ambiente.
Por ello, concluye que el juzgado archivó el caso "de manera un tanto precipitada y plasmando argumentaciones en clara contradicción, lo cual es más delicado aún con los datos que emanaban las diligencias". Ordena así que se practiquen las pruebas solicitadas y "fundamentalmente" el informe encargado a la UPV. "Será con ello con lo que el juzgado de instrucción podrá adoptar la adecuada postura", apunta.
La Audiencia asume el informe de la Fiscalía sobre una posible comisión de un delito contra el medio ambiente, pero "también una prevaricación medioambiental". Y se muestra de acuerdo con no limitar las imputaciones a las constructoras y, como piden los denunciantes, extenderlas a la consejera de Transportes, Nuria López de Guereñu, y al ex viceconsejero de Medio Ambiente Iñaki Ezkurra.
La reapertura del caso pone en duda el proyecto de la planta de energía por olas, que carece de la declaración de impacto y se halla a punto de entrar en funcionamiento después de que el Gobierno haya invertido 6,1 millones. El proyecto de ampliación del puerto de Mutriku empezó a acometerse en 2006 y su primera fase (la construcción del dique exterior) tenía que haber acabado en junio pasado, pero todavía está inconcluso. La obra, con una inversión global de 32 millones, incluye la creación de otro dique interior donde se ubicaría un puerto pesquero y una zona urbanizada.
La plataforma Hobetur Leike, que junto a los colectivos Mutriku Natur Taldea y Lur Maitea difundió ayer el auto judicial, aseguró que la Comisión Europea investiga también el caso.
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